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EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región

EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región
EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región
EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región

EEUU aplica a latinoamericanos pena capital, abolida en mayoría de la región

La ejecución de Tamayo, prevista inicialmente para las 18.00 hora local de este miércoles (00.00 GMT del jueves) en Texas, se ha retrasado debido a un nuevo recurso de última hora presentado por sus abogados ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Tamayo, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994, espera desde hace unas horas la decisión final de la Corte Suprema, que según medios locales podría retrasarse unas seis horas.

Las tres últimas ejecuciones en América Latina tuvieron lugar en Cuba en 2003, cuando fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.

Cuba, que ha aplicado una “moratoria” de facto a las ejecuciones desde entonces, y Guatemala, donde las últimas ejecuciones, con inyección letal, datan del año 2000, son los únicos de la región donde la pena capital está vigente para delitos comunes.

En Perú, la Constitución aprobada en 1993 tras el autogolpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, pero no se ha aplicado en las últimas décadas.

Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 han sido ejecutadas en Guatemala cinco personas, las dos últimas fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, condenados por el asesinato y secuestro de una empresaria.

Después de Cetino y Cerrate no se ha ejecutado a ningún otro condenado a muerte por la existencia de un vacío legal en torno a la facultad de otorgar indultos y en 2011 el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, presentó al Congreso una iniciativa de ley para abolir definitivamente la pena de muerte, pero no prosperó.

En 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar que se violó su derecho de defensa, y les impuso en su lugar una pena de 50 años de cárcel.

En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido totalmente la pena capital, ese castigo se mantiene para casos de guerra o traición a la patria, aunque no se aplica.

Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.

Un caso particular es el de Puerto Rico, estado Libre Asociado de EE.UU., que prohíbe en su constitución la pena capital, pero en los casos juzgados por el tribunal federal de la isla se puede aplicar, aunque para las ejecuciones los reos deben ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.

La última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en 1927, entonces bajo una ley local que se abolió dos años después.

En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.

En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997,sin embargo, existe la llamada “justicia comunitaria” que aplican las comunidades indígenas a quienes creen ladrones o asesinos, sin un juicio previo.

En Chile la máxima condena se mantiene para los tiempos de guerra. La última vez que se aplicó fue el 29 de enero de 1985, cuando fueron ejecutados los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, responsables de una docena de homicidios en serie perpetrados en Viña del Mar.

En México, la pena de muerte se encuentra totalmente abolida y la última ejecución, en el fuero militar, sucedió en 1961. Otro país que también la eliminó fue Argentina en 2008.

Pese al panorama abolicionista en América Latina, muchos de sus ciudadanos han sido condenados a muerte en EE.UU.

Gobiernos y organizaciones en contra de la máxima pena han exigido al país del norte que elimine esa práctica que va en contra vía de las legislaciones de los países latinoamericanos.

Es así como en 2008 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a EE.UU. la revisión y reposición del caso de Tamayo y de otros cuatro de los 50 afectados por el “caso Avena”, a quienes no se les brindó el derecho de asistencia consular al ser detenidos en ese país y enfrentaron sin una garantía a su debido proceso a la justicia estadounidense.

Dos ya han sido ejecutados y Tamayo puede ser el tercero.

Estados Unidos aún no ha acatado las sentencias de la CIJ sobre este particular, ya que esos fallos no aplican a los estados federados como es el caso de Texas, donde está previsto que Tamayo, de 46 años, sea ejecutado.

El último recurso que ahora le queda a Tamayo, quien fue condenado por el asesinato en 1994 de un agente policial en Houston (Texas), durante su traslado a la cárcel cuando había sido detenido por asalto, es que la Corte Suprema acepte el recurso presentado por sus abogados a última hora de este miércoles.

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