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EEUU asegura:"propiedad de medios, debilidades del poder judicial e influencia política" limitan prensa dominicana

EEUU asegura:
EEUU asegura:"propiedad de medios, debilidades del poder judicial e influencia política" limitan prensa dominicana

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este miercoles un informe sobre los derechos humanos,  en el que explica que el gobierno dominicano respetó generalmente la libertad de expresión, incluso para la prensa.

«Las personas y los grupos generalmente podían criticar al gobierno pública y privadamente sin represalias, aunque hubo varios incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa», indica el reporte.

A pesar,  de que la constitucion dominicana establece la libertad de expresión, incluso para la prensa. Los medios expresaron una amplia variedad de puntos de vista, pero la concentración de la propiedad de los medios, las debilidades en el poder judicial y la influencia política limitaron su independencia.

Tal es el caso, de  un programa de noticias de televisión presentado por un conocido periodista fue cancelado dos días después de presentar un informe de investigación alegando que la hermana del fiscal general recibió contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos ($15 millones), posicionándola como el único proveedor de asfalto. productos al gobierno. El programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del Ministerio de Obras Públicas. El periodista alegó que su programa fue cancelado después de que el fiscal general llamó al dueño de la estación y amenazó con acciones legales. El 30 de septiembre.

Respecto, a la violencia y  el acoso, en el informe se detalla que los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación fueron ocasionalmente acosados ​​o atacados físicamente.

Algunos medios informaron que periodistas, específicamente en áreas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupción oficial. En octubre, un comentarista de televisión local en la provincia de Monte Plata informó que recibió amenazas debido a su cobertura crítica de las conexiones de los políticos locales con los narcotraficantes. La Asociación Interamericana de Prensa informó que los periodistas sufrieron ataques violentos por parte de los detalles de seguridad militares y policiales de los funcionarios del gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.

Asimismo,el reporte explica sobre la censura o restricciones de contenido, que  la constitución establece la protección de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas e incluye una «cláusula de conciencia» que permite a los periodistas rechazar la asignación de informes. Los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios. Los observadores sugirieron que el gobierno influyó en la prensa a través de contratos publicitarios. Una destacada periodista que presentó un programa de televisión de noticias y comentarios de alta calificación declaró que su salida de los medios tradicionales fue un ejemplo de la influencia del gobierno en los medios de comunicación. Destacó que el gobierno gastó cerca de 12.5 millones de pesos ($ 250,000 diarios) en anuncios.

Sobre las leyes de difamación o calumnia, indica que  la ley penaliza la difamación y el insulto, con castigos más severos por delitos cometidos contra figuras públicas o estatales que por delitos contra particulares.

El Colegio Dominicano de Periodistas informó que los periodistas fueron demandados por políticos, funcionarios gubernamentales y el sector privado para presionarlos para que dejaran de informar. La ley penaliza la difamación por declaraciones relacionadas con la vida privada de ciertas figuras públicas, incluidos funcionarios del gobierno y jefes de estado extranjeros.

En tanto, en julio, el Tribunal Constitucional anuló un artículo en la ley electoral que establece penas de prisión de tres a 10 años por mensajes difamatorios y difamatorios y por campañas falsas publicadas en los medios que dañan el honor y la privacidad de los candidatos políticos. El tribunal dictaminó que el artículo violaba el derecho a la libertad de expresión establecido en la constitución. El tribunal también declaró inconstitucional un párrafo en la ley que penalizaba la publicación de mensajes negativos en las redes sociales que dañan la imagen pública de los candidatos.

 

Texto integro: 

https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic/
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