El caso destaca la vinculación de funcionarios venezolanos con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Redacción Internacional.– Un gran jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación sustitutiva sellada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y varios altos dirigentes de su entorno, a quienes señala como responsables de dirigir durante más de 25 años una extensa red de narcotráfico, narcoterrorismo, corrupción y uso de armas de guerra, con impacto directo en Estados Unidos y la región.
Según el documento judicial, Maduro está acusado de encabezar un gobierno ilegítimo y profundamente corrompido, que habría utilizado instituciones del Estado venezolano para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.
La acusación sostiene que estas actividades comenzaron cuando Maduro era diputado, continuaron durante su gestión como canciller y se consolidaron durante su presidencia, permitiendo que el narcotráfico se convirtiera en un pilar del poder político y económico del régimen.
Además de Maduro, el expediente incluye como acusados al ministro del Interior Diosdado Cabello, al exministro Ramón Rodríguez Chacín, a la esposa del mandatario Cilia Flores, a su hijo Nicolás Maduro Guerra («Nicolasito») y a Héctor Rusthenford Guerrero Flores («Niño Guerrero»), líder de la organización criminal Tren de Aragua. La acusación describe una estructura conocida como el «Cartel de los Soles», integrada por altos mandos civiles y militares que brindaban protección, logística y encubrimiento a las operaciones de droga.
El documento detalla alianzas directas con organizaciones catalogadas como terroristas o criminales transnacionales, entre ellas las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
De acuerdo con la Fiscalía, estas organizaciones colaboraron en la producción, custodia y transporte de cocaína desde Colombia, Venezuela y Centroamérica hasta Estados Unidos, beneficiándose del amparo estatal venezolano.
La acusación enumera múltiples actos concretos, como el uso de pasaportes diplomáticos para narcotraficantes, envíos de droga en vuelos comerciales y privados, sobornos millonarios, protección de laboratorios y pistas clandestinas, así como el uso de ametralladoras, granadas y otros dispositivos destructivos para proteger las rutas del narcotráfico. También se mencionan secuestros, asesinatos y la operación de grupos armados para garantizar el control territorial.
Entre los cargos formales figuran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión y conspiración para usar armas de guerra, además de amplias solicitudes de decomiso de bienes obtenidos directa o indirectamente del narcotráfico. El gobierno estadounidense busca confiscar propiedades, dinero y activos equivalentes al valor de los beneficios ilícitos generados.
La acusación, firmada por la Fiscalía Federal de Nueva York, refuerza la posición de Estados Unidos de que el liderazgo venezolano operó durante décadas como una empresa criminal transnacional, cuyas acciones no solo afectaron a Venezuela, sino que también contribuyeron a la violencia, la corrupción y la crisis de seguridad en toda la región
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