REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El control territorial de Haití por parte de grupos armados ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos de agencias de la ONU, el 80% de la región metropolitana de Puerto Príncipe se encuentra bajo la influencia de pandillas, lo que ha desencadenado una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes. Desde ataques violentos hasta la usurpación de funciones estatales, la situación ha provocado el colapso de los servicios esenciales y el desplazamiento masivo de familias, reporta este miércoles el diario haitiano Le Nouvelliste.

El inicio de 2024 estuvo marcado por ataques en varias zonas de Puerto Príncipe. Desde enero, los residentes de calles como Laraque y Edmond Paul han denunciado incursiones de grupos armados que saquean casas y generan terror en barrios como Magloire Ambroise y Cameau. El 29 de febrero, un ataque en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture marcó un punto crítico. La coalición armada «Viv ansanm» se adjudicó el ataque, paralizando la capital y desatando una ola de violencia que incluyó el saqueo de instituciones públicas y privadas, así como el asesinato de policías.

La liberación de presos tras ataques a los dos principales centros penitenciarios del país —el Penitenciaría Nacional y la prisión de Croix-des-Bouquets— incrementó las filas de las pandillas. Estos grupos han saqueado bancos, depósitos de alimentos y oficinas gubernamentales, mientras imponen su control en carreteras estratégicas como la Ruta Nacional #8.

Colapso de servicios esenciales

La violencia ha paralizado los servicios de salud, educación y socialización en muchas zonas. Entre febrero y marzo, al menos 18 instituciones sanitarias dejaron de operar en Puerto Príncipe. La falta de acceso a servicios básicos se suma a los desafíos que enfrentan los residentes atrapados en zonas controladas por las pandillas, donde incluso se reporta la imposición de «justicia» por parte de los grupos armados.

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En diciembre de 2024, más de 200 personas fueron asesinadas en Wharf Jérémie, Cité Soleil, bajo el liderazgo del jefe de pandilla conocido como Micanor. Las víctimas, en su mayoría personas mayores acusadas de brujería, fueron ejecutadas en un lapso de seis días, según el informe del BINUH publicado el 23 de diciembre.

Respuestas ciudadanas: la autodefensa como única opción

Ante la inacción estatal, los ciudadanos han tomado medidas para protegerse. Brigadas de vigilancia, jóvenes armados que realizan inspecciones nocturnas y la construcción de barricadas en barrios como Delmas y Pétion-Ville son algunas de las iniciativas que han surgido. Aunque estas acciones han brindado cierta seguridad, representan un desafío para la futura reconstrucción del control estatal.