El agujero negro

Para quienes están relacionados con el sector eléctrico no es una sorpresa el escándalo de corrupción que se ha develado pues era un secreto a voces en el mismo, aunque pasar del rumor público a revelaciones y denuncias, provoca aún mayor indignación y frustración, pues las cosas son siempre peores de lo que se pudiera imaginar, y los montos descomunalmente más altos.

Lo que sí sorprendió  en su momento fue, que luego de haberse llevado a cabo una reforma del sector eléctrico en el año 1999 al amparo de la Ley 141-97 para acabar con el anterior monopolio estatal de la CDE y desmontar el enorme déficit público que provocaban los subsidios y transferencias a este sector, el mismo partido que la ejecutó al retornar al poder en el año 2004 hubiera optado por mantener la contrarreforma operada en el 2003 con la reestatización de EDESUR y EDENORTE, y posteriormente la haya ampliado en el 2009 a EDEESTE.

Aunque poco tiempo después empezó a sospecharse la razón, y es que las empresas distribuidoras constituían una enorme fuente de empleos para compañeros de partido, lo que se fue extendiendo a todas las entidades del sector desnaturalizando el espíritu de la reforma, alterando los roles con una CDE reconvertida en CDEEE, pero continuando como actora principal del sistema, convirtiendo en entidades con altos presupuestos y excesivo personal simples unidades de esta, como la UERS y en sus subalternas aún a las instituciones independientes o de mayor jerarquía.

El despropósito fue tal, que el Fondo Patrimonial para el Desarrollo (FONPER) que previó la Ley 141-97 para colocar las acciones del Estado en las empresas reformadas y los dividendos producidos por estas, el cual ante la inexistencia de la figura del fideicomiso en ese entonces en el país fue creado mediante la Ley 124-01 para preservar y transparentar la utilización de estos recursos que estaban destinados al desarrollo, de un objetivo tan noble pasó a ser una caja chica de las autoridades de turno.

De nada valieron los mecanismos de control  que consagra la ley 124-01, como el mandato del artículo 6 de que el presidente de la República tendrá la facultad de controlar y supervisar el uso de los recursos pudiendo objetar cualquier decisión que no se ajuste a los fines de la ley, y que el FONPER estará sujeto a la supervisión de la Cámara de Cuentas, o el del artículo 8 que ordena mantener siempre un contrato de auditoría interna y externa con una firma de contadores  reconocida y a publicar en un periódico los estados correspondientes a cada año, todo lo cual se incumplió.

Por eso tampoco sorprende que se haya decidido ampliar la participación estatal también a  la generación, única área que preservó las empresas mixtas capitalizadas, con la construcción de las plantas de Punta Catalina, y es que como en este sector hablar de miles de millones es usual, muchos lo veían como el botín ideal para enriquecerse en base a tráfico de influencias, obviando evidentes  conflictos de interés, comprando hasta lo que era innecesario, vendiendo sin calidad y a sobreprecio, construyendo hasta lo que no hacía sentido, empleando irracionalmente a cualquiera, cargando gastos injustificables, lo cual  en medio de una total opacidad y de cifras  astronómicas creían hacer desaparecer en el agujero negro del sector eléctrico.

Lo más lamentable es que esto no solo violentó la ley y desfalcó al Estado en provecho de unos cuantos, sino que generó más pobreza, impidió el desarrollo afectando la competitividad con un sistema eléctrico deficiente que genera dobles costos para los usuarios y que hizo desviar recursos en su favor tan necesarios para otros fines, generó enorme déficit público y aumentó el endeudamiento, pues buena parte de lo que se perdió en el barril sin fondo de la corrupción eléctrica, para colmo lo tomamos prestado.  Ojalá que finalmente entendamos el altísimo costo y las gravísimas consecuencias de la politización del sector eléctrico.