En Alemania, la primera potencia económica europea, Christian Wulff, un carismático dirigente del partido Unión Democrática Cristiana, que lidera la jefa del gobierno Angela Merkel, quien había sido obligado a renunciar a la presidencia de la república federal hace dos años por sospechas de soborno, ha sido sometido a los tribunales por aceptar atenciones ilegales por un monto de 720 euros, alrededor de 800 dólares. Pero aquí, en nuestro país, se guarda absoluto silencio sobre las inmensas fortunas de funcionarios que llegaron al cargo sin patrimonio alguno, sin posibilidad de que esos casos puedan llegar a los tribunales. Gente que pedía bola o se trasladaba en la cola de un motor hace unos 10 o 12 años, están hoy entre las personas más ricas del país, sin que se les haya conocido más oficio que su paso por el gobierno, en donde algunos de ellos se valieron de sus influencias políticas para amasar fortunas, haciendo negocios con el Estado o valiéndose de él.
Esa es una de las razones por las que organismos internacionales califican al país entre los más corruptos del planeta y que las denuncias de los malos hábitos en el ejercicio de funciones públicas, exponga a muchos dominicanos preocupados por el estado de descomposición existente a problemas con una justicia o poderes públicos hijos de esa abominable situación, que ha convertido al Estado dominicano “en una estructura jurídica al servicio de la corrupción”, como en sus ya lejanos días de oposición nos dijera el hoy expresidente Leonel Fernández.
Es obvio que en las circunstancias en que vivimos es prácticamente una ilusión pretender que un dirigente político o funcionario estatal sea objeto de una investigación real de la justicia dominicana, aunque se lleve a su casa el presupuesto de la República, a menos, claro están, que no haya caído en desgracia con el poder real o no sea bien visto en las esferas oficiales.