Organismos judiciales analizan las implicaciones legales tras la muerte de la mujer por aborto negado.
POLONIA.– El mediático caso de Izabela, una mujer polaca de 30 años que murió en 2021 después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto aunque su vida corría peligro, vuelve este martes a los tribunales, donde se revisará la sentencia contra tres médicos condenados por negligencia.
Este juicio de apelación busca revisar las sentencias dictadas en primera instancia, en un proceso que se ha convertido en el principal símbolo de la lucha por los derechos reproductivos en el país, donde la muerte de Izabela desencadenó protestas masivas bajo el lema «Ni una más».
Los hechos se remontan a septiembre de 2021, cuando Izabela, embarazada de 22 semanas, ingresó en el hospital de Pszczyna (sur) tras una rotura de aguas prematura.
A pesar de que la mujer presentaba síntomas de infección y de que se habían diagnosticado malformaciones fetales graves, los médicos optaron por no intervenir y esperar a que el corazón del feto dejara de latir, por temor a infringir las restrictivas leyes polacas, que impiden abortar si no se confirma un riesgo grave para la vida de la madre.
Esta dilación provocó que la paciente sufriera un shock séptico fatal.
Esto provocó un debate público en el que el Gobierno, encabezado entonces por el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), enfocó el caso como una trágica negligencia, mientras que las organizaciones feministas atribuyeron la muerte de la mujer a la restrictiva legislación polaca.
En julio del año pasado, la justicia polaca consideró culpables a los tres facultativos por exponer a la paciente a un peligro de muerte.
Dos de los médicos fueron condenados a penas de prisión efectiva (uno a un año y tres meses, y otro a un año y seis meses), además de la prohibición de ejercer su profesión durante seis años, mientras que el tercer implicado recibió una pena de un año de prisión suspendida.
Una auditoría posterior confirmó graves irregularidades en la calidad de la atención y la gestión del centro hospitalario.
Polonia mantiene una de las legislaciones sobre el aborto más severas de Europa, endurecida drásticamente tras una sentencia del Tribunal Constitucional en 2020.
Dicho fallo eliminó el supuesto de malformación fetal grave, que anteriormente amparaba el 98 % de las interrupciones legales en el país.
Actualmente, la interrupción del embarazo solo es legal si existe una amenaza directa para la vida o salud de la mujer, o si el embarazo deriva de un delito.
No obstante, la aplicación práctica de estas excepciones es precaria, debido al miedo a represalias penales y al uso extendido de la «objeción de conciencia» por parte de los médicos, como ocurre también en otros países europeos.
El Gobierno actual, encabezado por el centrista Donald Tusk, no ha conseguido avanzar hacia la liberalización del aborto debido a la falta de acuerdo en el seno de la coalición que le apoya.
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