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El CNT libio recibe la legitimación de la comunidad financiera internacional

El CNT libio recibe la legitimación de la comunidad financiera internacional
El CNT libio recibe la legitimación de la comunidad financiera internacional

El presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), Mustafá Abdel Jalil

Marsella, Francia.- El Consejo Nacional de Transición libio (CNT) recibió este sábado una doble legitimación de la comunidad financiera internacional, al ser invitado a integrar el grupo de países árabes en transición del Partenariado de Deauville y ser reconocido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los dos hechos se produjeron, de forma más que significativa, durante la reunión de ministros de Finanzas del G8 celebrada en Marsella (sureste francés), en el marco de la presidencia del grupo que ejerce este año Francia, el país que ha sido el primer y más importante valedor en la escena internacional del CNT para derribar el régimen de Muamar el Gadafi.

Así, correspondió al titular francés de Finanzas, François Baroin, anunciar en conferencia de prensa que las delegaciones nacionales e instituciones implicadas en el Partenariado de Deauville han propuesto a Libia “por unanimidad” que se integre como miembro beneficiario de las ayudas que se están poniendo en marcha para alentar las reformas democráticas en el mundo árabe.

A Marsella había acudido una delegación de dos personas del CNT encabezada por su representante en Francia, Mansur Saif Al-Nasr, invitada en calidad de observadora en este mecanismo, creado el 27 de mayo pasado en la cumbre del G8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) de la localidad francesa de Deauville.

Entonces, Túnez y Egipto, los dos países de las “revoluciones árabes”, eran los únicos destinatarios de esta iniciativa del mundo desarrollado para apoyar unos procesos iniciados por revueltas populares que le habían pillado desprevenido.

Hoy se añadieron como miembros de pleno derecho Marruecos y Jordania, una forma de dar el adjetivo “democrático” a las reformas que llevan a cabo sus respectivos regímenes, y esa misma intención se puede intuir en el caso de Libia.

El encuentro de Marsella sirvió para presentar los compromisos de fondos para los cuatro países que por el momento integran el Partenariado de Deauville, que ascenderán a 38.000 millones de dólares de aquí a 2013 procedentes de instituciones multilaterales internacionales, empezando por el Banco Mundial (10.000 millones).

A esa cifra se sumarán las aportaciones bilaterales de los miembros del G8, que en Deauville se habían cuantificado en unos 20.000 millones de dólares, pero que deberían incrementarse hasta duplicarse, según las pistas dadas por Baroin.

Eso significa que la partida total podría rondar los 80.000 millones de dólares, para ser distribuidos con reglas y en proporciones que no se han hecho públicas.

El ministro francés esquivó una pregunta de la prensa sobre qué beneficios esperaban sacar los países donantes, en el terreno comercial o en otros, por prestar esas ayudas, a lo que respondió que hoy no se había tratado esta cuestión.

Una pregunta que cobra más sentido si cabe con Libia, a la vista del gran potencial de hidrocarburos enterrado en su subsuelo y de las ambiciones de las compañías petroleras mundiales por hacerse con una buena parte de las concesiones que puedan hacer las nuevas autoridades de Trípoli para “pagar favores”.

También fue una francesa, Christine Lagarde, la encargada de anunciar que el FMI, del que es directora gerente, ha reconocido al CNT como representante legítimo del Gobierno libio y que le prestará la ayuda que necesite, a partir de los medios y de la experiencia de que dispone.

Un primer paso, según adelantó Lagarde, será la misión que el fondo planea mandar a Libia en cuanto las condiciones de seguridad así lo permitan.

En el mismo sentido, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también pidió ayer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apruebe cuanto antes el envío de una misión de apoyo a Libia, con un mandato inicial de tres meses, para ayudar a las nuevas autoridades en el proceso de transición.

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