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El condón diabólico y la inquisición

Sigue siendo la vida, a pesar del positivismo jurídico de Profamilia y de la Iglesia, ese sustantivo a la espera de un adjetivo que la califique de digna o indigna. Aunque parece un acto lingüístico vulgar nos permite construir esta nueva realidad sexual, sin soslayar lo existencial, ni pretender darle sentido a nuestras vidas buscando valores superiores a la propia vida.

Apelamos a valores jurídicos vitales para darle una justificación cerrada y privada, a unos derechos sexuales y reproductivos que, ni siquiera la inteligencia, jurídica y política está dotada de esos valores democráticos.  Porque en la búsqueda de la eficacia de esos derechos, encontramos remedios que debilitan la suficiencia de valores vitales.

Defender a ultranza la dignidad de la vida, esa plenitud de los derechos, puede, en el desacuerdo entre Profamilia y la Iglesia, exigir asesinar la vida digna.  El piloto que lanzó la Bomba Atómica sobre Hiroshima dijo, que cumplía con el deber de cuidar el derecho a la vida del pueblo americano, en modo alguno, le importó la vida digna de 200,000 inocentes que perecieron.

Promover el uso del condón, sin ningún criterio ético, y en nombre de los derechos sexuales y reproductivos, es cosificar la vida sexual. “Probando es como se guisa”, reza un dicho popular, pero, ¿Quién enseña a probar? Convertimos a los jóvenes, con esta campaña desaforada, en objetos de estos derechos, cuando deberían ser los sujetos que, sin manipulaciones interesadas, ejerzan estos derechos.

Pedimos que las autoridades hagan valer la ética de la dignidad por encima de la ética de la supervivencia, que controlen ese relativismo utilitario que se apoya en el descrédito del pasado y desprecia la mancomunidad y la legitimidad de estos. La justificación de estos derechos debería sustentarse en el proyecto de vida digna de la juventud, nunca en los intereses particulares de quienes su teoría de justicia comienza por el último piso.

Es inteligente evitar que la pugna por los derechos sexuales y reproductivos se transforme, al mismo tiempo, en el reino y en la prisión de nuestros jóvenes. Que cesen las quejas de bandos sobre la naturaleza humana, ya que, el celo o el duelo por lo que sucedió en el juzgado, jamás determinara lo que sucederá mañana. Nunca deberíamos conformarnos con los derechos que tenemos, sino con los derechos que sería bueno tener.

Pierden de vista, tanto Profamilia como la Iglesia, que el ser humano, por encima de estos derechos, tiene un repertorio de necesidades reales de distintas jerarquías y situaciones, las cuales son ostensiblemente conflictivas, como son: la escasez de medios para satisfacer sus intereses humanos, su necesidad vital de convivir con los demás y la solución de todos los conflictos que tiene para vivir.

Mirar la historia de la humanidad como un amontonamiento de crímenes, tragedias y bellaquerías es un descrédito del aprendizaje.  Cada tiempo registra y vendrá con su cosecha de novedades. Disponemos de una gran posibilidad ahora, para salir de la paleontología jurídica de los derechos sexuales y reproductivos, si dejásemos que la ética se ocupe de la crítica a la función legisladora de la inteligencia humana.

Añadir a la legalidad natural del ser humano esta constelación de derechos complejos, implica la dignidad de todos los afectados, debido a que todos son dignos y necesarios para el consenso. Rogamos cautela entre las partes y así evitar que, en nombre de la plenitud de estos derechos, la sexualidad se transfigure en instrumento del placer de las personas.

Necesitamos de la inteligencia y de la libertad en la construcción de un diálogo entre Profamilia y la Iglesia. Nadie crece en el vacío social, sino con la convivencia, la información y los andamiajes de la razón, que son los materiales tangibles de la estabilidad. La Iglesia es poder político y autoridad institucional, y tiene límites morales en su capacidad argumentadora para describir lo que es justo, pero dispone de mecanismos y procedimientos políticos para decidir lo que es justo. Por tanto, es urgente un consenso factico que garantice la legitimidad de estos derechos.

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