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El costo institucional del presupuesto 2012

El costo institucional del presupuesto 2012
Juan Bolívar Díaz

Con una celeridad que sólo tiene explicación en  el interés de reducir los efectos de los reclamos de la sociedad civil organizada la mayoría peledeísta del Congreso Nacional aprobó en tiempo récord la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos para el último ano del mandato del presidente Leonel Fernández.

La aprobación del presupuesto conlleva un costo institucional significativo al haber desconocido mandatos constitucionales y varias leyes que destinan partidas no sólo para la educación, sino también para el poder judicial y los municipios, en beneficio del Poder Ejecutivo que precisa mantener una alta inversión política.

Atropellante celeridad

Por la forma en que fue aprobada la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos para el 2012 pareciera que sobra la letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución promulgada por el presidente Fernández, el cual dispone que él proyecto debe ser sometido al Congreso a más tardar el primero de octubre de cada ano.

El gobierno cumplió rigurosamente ese mandato al introducir la pieza el 30 de septiembre, pero sus legisladores la aprobaron en el tiempo récord de 20 días. Nunca en su historia la nación había tenido una ley de presupuesto dos meses y once días antes de comenzar un año.

El límite de tres meses de anticipación al comienzo del año para entregar el proyecto de presupuesto al Congreso quedó consagrado en la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público 423-06 promulgada hace cinco años por el mismo presidente Fernández, obedeciendo a un viejo clamor nacional que rechazaba la práctica de enviar el proyecto en el mes de diciembre, lo que imposibilitaba que el legislativo pudiera cumplir a conciencia su responsabilidad. En la generalidad de las democracias el plazo es igual o  mayor. Por ejemplo en Chile es también de tres meses, pero en Perú, Ecuador y Costa Rica es de cuatro  y en Uruguay de seis meses.

En el 2010 como en años anteriores, el Congreso atendió parcialmente reclamos de sectores estatales y de la sociedad civil tras ponderaciones en comisiones bicamerales, pero ahora sorprendió la celeridad y el Senado despachó la pieza en una única sesión con dos lecturas consecutivas tras declararla de urgencia gracias a que el partido de gobierno domina 31 de sus 32 miembros. En la Cámara de Diputados, sin las dos terceras partes necesarias para la declaración de urgencia, hubo que guardar la apariencia de la comisión de estudio y tomarse diez días para sancionarla en una sesión que duró apenas 15 minutos.

Les bajaron línea

Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dieron la impresión de haber recibido la consigna de despachar el presupuesto con la mayor celeridad posible para evitar que los reclamos de la sociedad civil en torno al 5 por ciento del producto bruto para educación constituyeran un mayor escándalo, a los que se habían sumado los de los municipios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Poder judicial.

Una fuente vinculada al gobierno aseguró que la línea de acción partió de una ponderación de la Dirección de Información y Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (DIAPE), que ha estado muy activa en las últimas semanas cuando recomendó una política de provocaciones al candidato presidencial opositor Hipólito Mejía, a través de preguntas de periodistas progubernamentales. Otro documento de la unidad gubernamentales identificaba como enemigos del gobierno y apandillados a un grupo de periodistas reconocidos por su criticidad.

Un estratega de la candidatura peledeísta de Danilo Medina reconoció que la forma en que se aprobó el presupuesto conlleva costo político, pero pareció resignado al considerar que hubiese sido peor si dejaban que los clamores por mejor distribución del gasto en el 2012 se extendieran por dos o tres meses y cobraran mayores dimensiones. Se descartaba la posibilidad de una modificación que dejara satisfecho el reclamo del 4 por ciento para la educación.

De ahí que ni siquiera los más firmes seguidores de Medina en el Congreso intentaran contener la celeridad. El calificado senador Wilton Guerrero alegó que levantó la mano aprobatoria sin darse cuenta que ya se estaba votando el presupuesto en segunda lectura. En el Senado hubo unanimidad, pero entre los diputados se produjo un puñado de disensiones, como la de la peledeísta Minou Tavarez Mirabal y los aliados Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo.

Costo institucional

De cualquier forma la distribución del presupuesto del 2012, sin atender reclamos de amplios sectores, y  la celeridad de su aprobación cuando la ley entra en vigencia 72 días después, han generado un amplio rechazo no sólo de los reclamantes más activos como los amarillos del 4 por ciento, sino también de instituciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la opinión pública en general.

El rechazo es mayor porque tanto la forma de la aprobación como el contenido violan preceptos constitucionales. El artículo 56 de la ley pretende dispensar, “con carácter transitorio”, una partida menor del 4 por ciento del PIB para educación , establecido en la Ley Orgánica de Educación 66-97, que ya es también un mandato constitucional al tenor del inciso 10 del artículo 63 de la nueva carta magna. Por demás también violentaron el artículo 112 que establece una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras legislativas para aprobar o modificar las leyes orgánicas.

Un comunicado del CONEP sostiene que se violó el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dispone que un presupuesto anual desagregado a nivel de capítulos y partidas. También que la ley de presupuesto del 2012 “contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto”, para lo cual se requiere las dos terceras partes del voto de ambas cámaras. La aprobación de los diputados fue por 83 contra 57 votos, equivalente al 59.2 por ciento. La mayoría de los perredeístas y reformistas votaron en contra y algunos se abstuvieron. Si 15 de ellos se hubiesen ausentado, con la disminución del quórum a 125, la aprobación habría alcanzado los dos tercios.

Los más perjudicados

Aunque queda lejos del 4 por ciento del PIB la partida destinada a Educación registra un incremento para alcanzar el 2.95 por ciento si se incluye lo destinado al Ministerio de Educación Superior y las transferencias, y 2.46 por ciento para el Ministerio de Educación, que desagregándole las transferencias queda en 1.97 por ciento, según los estimados del experto fiscal Nelson Suárez.

Los más perjudicados son los ayuntamientos municipales, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas, a quienes apenas se les asigna el 43, 42 y 41 por ciento respectivamente de lo que les correspondería de cumplirse la ley 194-04. La de Municipios, 166-03,  les consigna un 10 por ciento de los ingresos fiscales y esta vez su partida no llega al 5 por ciento, la menor desde la institución de esa cuota en el 2003.

El presupuesto del 2012 también desconoce el mandato de la ley 194-04 que destina el 3.10 por ciento del presupuesto al Poder Judicial, cuya apropiación de 3 mil 97 millones de pesos es apenas del 72 por ciento de los 5 mil 442 millones destinados al Congreso Nacional, institución mucho más pequeña. El Ministerio Público recibirá el 53 por ciento de lo que le correspondería por ley, con una partida de 2 mil 600 millones de pesos.

Se violan las leyes que tienden a descentralizar el gasto público con el argumento de que los recursos no alcanzan, pero la situación se agrava progresivamente. Los ayuntamientos tienen tres años recibiendo las mismas partidas. Pero los fondos alcanzan para elevar las asignaciones de la Presidencia de la República que en el 2012 dispondrá de 45 mil 11 millones de pesos, el 10.5 por ciento del presupuesto.

Un reporte de Degnis de León en el diario El día del viernes resalta que quienes no resultaron perjudicados en las partidas asignadas por ley fueron los partidos políticos que recibirán mil 403 millones, justo el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales consignado en la Ley Electoral, de los cuales más de mil 200 se distribuirán entre los tres mayoritarios.

No se podía esperar menos en un año electoral y cuando el presidente de la República aparece empeñado en una ofensiva de último tramo de gobierno para abonar sus posibilidades de retornar en el 2016. Sólo eso puede explicar que esta semana haya dispuesto la reanudación de la construcción de la presa de Guaiguí, suspendida desde antes de que iniciara sus 11 años de gobierno.-

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