Los legisladores que hacen negocio vendiendo sus exoneraciones para la importación de vehículos incurren en al menos cuatro delitos, pero hasta el momento no hay precedente de ninguno sancionado por la práctica normalizada en el país.


Claudia Álvarez, abogada especialista en lavado de activos, detalló en la entrevista central de El Despertador del Grupo SIN que estos delitos son fraude contra el Estado, prevaricación, evasión fiscal y fraude contra los seguros de esos vehículos.