El discurso del magistrado Molina

Sin dudas, a despecho de algunas aisladas y siempre esperadas críticas, Luis Henry Molina pasó con elevadas notas la prueba de su primer discurso como presidente de la Suprema Corte de Justicia en la tradicional inauguración del nuevo año judicial.

Por primera vez se hizo pública una precisa disección aritmética de la situación, fallas y anomalías dentro de la estructura judicial que de distintas formas afectan su normal desenvolvimiento en perjuicio de su eficiente operatividad, su imagen pública, la confianza ciudadana y el interés de quienes someten sus reclamos y controversias a la sana Administración de Justicia.

Entre los distintos datos de relevancia que puso de manifiesto resalta el que todavía en el alto tribunal que preside hay fallos pendientes desde el pasado siglo.  Se trata de  un increíble  atraso de más de dos décadas, lo que constituye una clara denegación de justicia, y de igual modo la desproporción entre la cantidad de casos sometidos a conocimiento y decisión de los jueces de Primera Instancia y la propia Corte Suprema en contraste con la mucho menor cantidad  que pesa sobre  los de Paz y Cortes de Apelación.

Otro dato resaltante fue la inequidad en la distribución del ajustado presupuesto asignado al tercer poder del Estado, que en la medida en que ejerza sus funciones con criterio independiente, sirve de freno y equilibrio a los restantes dos  mediante la aplicación de la ley y en la medida en que sea capaz de hacer respetar sus fallos. Sin dudas insuficiente, pero a todas luces mal distribuido contrastó el hecho de que mientras a la propia Suprema, los juzgados de Paz y Primera Instancia y las cortes de Apelación se les asigna el 68 por ciento de los recursos,  en cambio se destina el 32 al Consejo del Poder Judicial cuya función es puramente administrativa.

(En este punto vale hacer un paréntesis para aclarar que si bien la cantidad de  fondos que recibe el Poder Judicial limita en buena medida su labor, los reiterados reclamos en este sentido para que sean aumentados, no pasan de resultar un simple e inútil ejercicio retórico, en cuanto ilusorio e imposibles de satisfacer.  Esas mismas precariedades son las que sufren los ayuntamientos que apenas reciben menos de la tercera parte de lo que les correspondería por ley; la UASD, siempre al grito reclamando mayores fondos; y Salud Pública, donde la meta de lograr un 6 por ciento luce bastante distante, tan solo por citar estos casos como ejemplos entre muchos otros en relación con un Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos altamente deficitario, y con elevada proporción de partidas previamente comprometidas por leyes de imposible cumplimiento que apenas dejan limitados resquicios para posibles reajustes).

Partiendo de esa premisa, el discurso del magistrado Molina no pudo ser más realista en este sentido señalando la necesidad y como única posibilidad la de llevar a cabo un manejo más eficiente de los fondos que recibe la Administración de Justicia.  Para lograrlo sin duda debe resultar de gran utilidad la experiencia  obtenida en el manejo financiero de  INDOTEL mientras estuvo al frente de ese organismo, lo que además de presidir del alto tribunal lo califica para desarrollar  un eficiente trabajo gerencial  del Poder Judicial. El mismo trabajo de cuantificación que presentó en su discurso es un claro indicativo de ello.

Otros puntos resaltantes de su discurso fueron el énfasis  en poner fin a la mora judicial, ofreciendo un servicio de justicia rápido y eficiente; la prohibición de que los jueces se reúnan con las partes o sus representantes fuera de estrados dando lugar a justificadas sospechas; el llamado que les dirigió a actuar con rigor enfrentando maniobras y tácticas dilatorias y reclamos sin fundamentos para culminar con una exhortación que constituye un cálido llamado a actuar con entereza moral ¡Que no les tiemble el pulso al momento de impartir justicia!

Resumiendo: el discurso del presidente de la Corte Suprema constituyó una promesa de cambios urgentes y necesarios para que la Justicia recobre el prestigio y la confianza pública sobre el compromiso de un servicio de insospechable independencia, rápido, eficiente y transparente, libre de ataduras, compadrazgos, favoritismos e inoculada contra toda posible forma de corrupción.

Es la misión que tiene por delante.