Como rendición de cuentas el discurso del Presidente Fernández fue bueno. Como fuente de inspiración para los dominicanos, no lo fue.
Hace un año, en otro 27 de febrero, el Presidente, con relación a la corrupción en su gobierno, dijo que eran acciones “de individuos aislados” y que “en la defensa de los bienes del pueblo no tengo amigos”. El domingo pasado sobre el mismo tema se limitó a enunciar una serie de mecanismos anti-corrupción puestos en vigencia y pedirle al Ministerio Público que actuase con plena independencia y libertad y que cada quien fuese responsable de sus propios actos.
Como alternativa pudo haber ordenado que se efectuasen auditorías sobre el patrimonio de cada funcionario y que aquellos que no pudiesen justificar el incremento en el suyo fuesen sometidos a la justicia. Nuestro Presidente podría llegar a ser catedrático de ciencias políticas y política internacional en las más exigentes universidades europeas y norteamericanas, pero en el manejo de la política dominicana su ídolo ha terminado siendo Joaquín Balaguer, quien cuando presidente utilizaba la frase de los tiempos de Horacio Vásquez de que la corrupción era “la ración del boa”. La corrupción hoy día es el lubricante de la gestión política, dedicándose una parte de ella a nutrir las arcas del partido en el poder para su uso en contiendas electorales y el resto queda en manos de funcionarios que no tienen la vergüenza de ocultar su mejoría económica, lo que ofende al país. Nuestro Presidente tan sólo tendría que pedir una relación de sus gastos en tarjetas de crédito, restaurantes, viajes, vehículos y nuevas residencias.
Es difícil no llegar a la lamentable conclusión de que el Presidente no tiene la intención de frenar la corrupción, pues ésta ha devenido en clave esencial en la práctica clientelista. Lo más triste es que tampoco luce que entre los que, desde la oposición, aspiran a ser su sucesor, exista alguien dispuesto a modificar esa conducta.
Hay temas que el Presidente no tocó y que debió hacerlo: el judicial (los 75 años y la renovación de la Suprema Corte de Justicia); el actual tranque con el FMI y la posibilidad de resolverlo, cómo y cuándo; el impacto de un petróleo a casi 100 dólares el barril y el consecuente aumento en el por ciento del mismo que financiaría Petrocaribe, así como una respuesta a la Carta Pastoral de febrero.
Por otro lado, una persona de sus reconocidas dotes intelectuales no debió haber faltado a la historia al decir, con relación al ajuste de gastos que tuvo lugar después de las elecciones de mayo pasado, que “en ningún momento de la historia financiera de la República Dominicana se había hecho un recorte del gasto público de manera tan severa y de esa magnitud”. Bastaría citar el año 1930 y la década de los ochenta. Para mostrar que más recursos para educación no necesariamente la mejoran, tan sólo tenía que dar como ejemplo a la UASD, cuyos ex alumnos, desde el gobierno y durante esta gestión la han dotado de cuantiosísimos recursos, sin exigir mejorías en sus niveles de educación. Además, no se es intelectualmente honesto cuando se cita un reporte de Jacques Attali sobre la educación en Europa y cómo allí más recursos no necesariamente resultan en mejor formación, cuando el mismo Attali, en su reporte sobre la República Dominicana, solicitado por el propio Fernández, demandó un aumento en los recursos para la educación dominicana.
El 27 de febrero del año pasado el Presidente anunció el envío al Congreso de varias leyes: las orgánicas de las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia; la ley de expresión y medios de comunicación, así como la relativa a la estrategia de desarrollo. No las envió. Las acaba de anunciar de nuevo. Ojalá que esta vez lleguen.
