El Estado no debe ser un forajido

El Estado está llamado a ser un árbitro justo, organizador imparcial, garante del funcionamiento de las reglas para que la sociedad funcione con equilibrio, abanderado del bien común, proveedor de seguridad con el monopolio de la fuerza y de servicios para dignificar la vida de los ciudadanos, quienes a cambio deben costear la operatividad de la burocracia a través de los impuestos y aportar al orden público cumpliendo las leyes.

Esa es la relación virtuosa, aunque imperfecta, Estado-sociedad verificable en países que han logrado los mejores niveles de vida, algunos de los cuales hasta cierran cárceles por déficit de infractores de las leyes. La fórmula mágica es simple y sencillamente el funcionamiento de las instituciones y la aplicación del marco legal sin medias tintas.

Por su naturaleza y fines para los que se ha conformado, el Estado no debe ser delincuente, ratero ni articulador de argucias insanas, en contraposición a la ley, para lograr sus objetivos como rector. Cuando este tipo de opacidades ocurren en su seno y se convierten en práctica común -bajo la consigna pragmática de que el fin justifica los medios- vienen el atraso institucional, el caos, la desconfianza, el Estado fallido.

El Estado infractor, chicanero, que actúa con ardides y astucia retorcida es una real aberración que socava los cimientos de la sociedad organizada y abre las puertas para que se impongan la ley del más fuerte, la competencia delincuencial en todas las esferas, haciendo que decline el sentido de nación, que equivale a perder todo.

Es preocupante la pasividad de la sociedad dominicana ante hechos altamente riesgosos para su sostenibilidad, que deberían encender la alarma colectiva, como procesos judiciales en los cuales quien representa el interés público fabrica pruebas ilegalmente, convierte la fantasía y la elucubración en armas argumentales, viola el debido proceso y proclama culpabilidades en los espacios mediáticos sin investigaciones serias y hasta elementales.

Situaciones como la alteración de un texto procedente nada más y nada menos que de la embajada de Estados Unidos, para tratar de hacer picadillo la moral de una periodista desde el foro público creado con bots en las redes sociales, debería ponernos los pelos de punta, sobre todo si la mala práctica viene de instancias públicas. El Estado no debe ser un forajido.