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“El Fantasma”, entre corrupción y atentado a la libertad de expresión

“El Fantasma”, entre corrupción y atentado a la libertad de expresión
“El Fantasma”, entre corrupción y atentado a la libertad de expresión

WASHINGTON. – A propósito del reciente pedido del Congreso de Estados Unidos para que el presidente Donald Trump imponga sanciones económicas a Angel González, “El Fantasma” de nuevo se ha reactivado el cuestionamiento en torno a la forma que el empresario ha llegado a detentar un conglomerado de plantas de televisión y el uso impropio y perjudicial que le ha dado a ese monopolio mediático.
Las críticas giran principalmente sobre el uso de testaferros, incluidos familiares cercanos y la forma en que sus medios han afectado la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir informaciones veraces sin ningún tipo de manipulaciones en varias naciones del hemisferio.
De forma particular y no menos importante dentro de este panorama monopólico se subraya como un ejemplo de una maraña de maniobras irregulares, el hecho de que González detenga el control total de la televisora Antena Latina como único propietario, a pesar de ser un patrimonio del Estado, y de las objeciones pormenorizadas del Congreso dominicano por la violación de debidos procesos jurídicos y la prohibición expresa que la ley impone a los extranjeros para incursionar en medios de televisión del país.
En cuanto al uso negativo que da a los medios bajo su control, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han señalado en reiteradas ocasiones que sus monopolios privados han mantenido una política destinada a moldear la opinión pública a favor de sectores gubernamentales, obstruyendo de este modo el trabajo del periodismo independiente, que debe estar comprometido a informar y orientar sobre cuestiones de interés general.

“El Fantasma” opera del consorcio de medios Albavision, en cuyas televisoras figura como propietaria su esposa Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca y quien tiene en su contra una orden de captura internacional por parte de La Interpol.
En sus informes críticos, la SIP ha consignado que González está presente en 11 países de América Latina con 35 canales de televisión en Chile, Perú), Paraguay) y Canal 9 en Argentina), además de 114 estaciones de radio, 2 periódicos y empresas cinematográficas.

González, quien vive en Miami desde 1987, ha podido eludir las leyes que prohíben los monopolios y restringen la propiedad extranjera de los medios nacionales, utilizando para ello compañías fantasmas dirigidas por parientes locales, amigos y supuestos asistentes.
La Fiscalía guatemalteca implicó a su esposa en el esquema de corrupción establecido para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El nombre de González aparece también en los llamados Papeles de Panamá como accionista de la compañía offshore Global Holding Properties Corporation.
Su carrera televisiva comenzó en 1971 vendiendo telenovelas mexicanas en América Central. En 1973 se trasladó a Guatemala, donde continuó su negocio de venta de publicidad para el Canal 7. En Guatemala, conoció a su primera esposa, hermana de Luis Armando Rabbé Tejada, ministro de Comunicación durante la presidencia del empresario y político Alfonso Antonio Portillo Cabrera.
Rabbé fue acusado por el Ministerio Público de Guatemala en mayo de 2016 por autorizar la creación de puestos “fantasmas” o desocupados dentro del Congreso con el fin de obtener ganancias. Rabbé está casado con una de las hermanas de González. En 1981 González adquirió los canales guatemaltecos 3 y 7, se asoció con la empresa Telecine Productions International, propiedad de Gerardo Sampedro y Domingo Alejandro Moreira Martínez, disidentes cubanos que tenían varios negocios en Guatemala.

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