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El fracaso

República Dominicana es un país con una grave crisis de servicios públicos, que a veces raya en lo absurdo, inscrita contra la calidad de vida y la dignidad de la gente. Esta situación provoca recurrentemente explosiones sociales y es excusa perfecta para mantener la vigencia de grupos de presión, así como  la agitación de las masas en tiempos de campaña política.

El enfoque más común es que la élite gobernante, en los planos nacional y local, es la única responsable de todo por su ineficiencia, incapacidad gerencial, falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y otras anatemas plasmadas en pancartas o vociferadas en slogans.

Es decir, se trata de una lucha entre víctimas (un pueblo sufrido que paga sus impuestos sin recibir como retorno servicios públicos dignos) y victimarios (un grupo reducido de burócratas a quienes les sale el bienestar por los poros, viviendo cómodos, bien pagados y sin carencias).

El problema de esa fotografía es que está plagada de medias verdades. Es cierto que, sin generalizar, siempre hemos padecido a malos gestores públicos, gente prevaricadora, corrompida, que sólo halla en la función desempeñada oportunidades para enriquecerse ilícitamente.

También contamos –sin meter a todos en un mismo saco- con una ciudadanía irresponsable que reclama servicio continuo de energía elécrica sin pagarla; demanda limpieza de las calles y se pasa el día lanzando desperdicios por doquier; quiere orden en el transporte y a la vez viola, en forma desaprensiva, la más elementales normas de tránsito, convirtiendo las vías públicas en una jungla.

Reclaman aceras, contenes, pavimentación, agua potable, educación, salud, vivienda, saneamiento, seguridad, pero (y esto va para los jorocones, los de mayores ingresos), no quieren pagar los impuestos y buscan padrinos políticos que los rediman, librándolos de sus responsabilidades fiscales.

Es obvio que esa conducta es el resultado de la inexistencia de un sistema de consecuencias, de una terrible falta de aplicación estricta de las leyes sin excepción ni favoritismo, una tarea incumplida por quienes dirigen el Estado. Que esta sea una sociedad fallida es una responsabilidad compartida.

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