BRASILIA.- Una comisión de la Cámara de Diputados comenzará a debatir la semana próxima la denuncia por corrupción que acorrala al presidente brasileño, Michel Temer, quien fue notificado hoy del inicio de un trámite que puede despojarlo del poder.
Los cargos contra Temer fueron formulados por la Fiscalía sobre la base de unas confesiones de directivos del grupo JBS, cuyo valor legal fue ratificado hoy por la Corte Suprema, con lo que se eliminó el último de los factores que pudieran haber detenido el proceso.
Como es de rigor, el texto de la denuncia fue remitido por el tribunal a la Cámara de Diputados, donde por imperativos legales fue leído en una sesión de un pleno que lució virtualmente vacío, debido a una suerte de «boicot» hecho por la poderosa base parlamentaria oficialista, que defiende la inocencia del mandatario.
Temer fue notificado oficialmente del inicio del trámite, pero no recibió personalmente el documento y le encargó esa responsabilidad a su subjefe de Asuntos Jurídicos, Gustavo Rocha.
«Cumple este papel con mucha tristeza», dijo el diputado Fernando Giacobo, secretario de la Cámara Baja, responsable por la entrega de la notificación y miembro de uno de los partidos que apoya a Temer.
El documento de 64 páginas que contiene la denuncia fue remitido también hoy a la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, cuyos 66 miembros contarán con un plazo máximo de quince sesiones para decidir si los cargos deben ser acogidos.
Esa comisión elaborará un informe que, al margen de su resultado, será encaminado luego al pleno de los 513 diputados, donde la denuncia será admitida si contara con el respaldo de al menos dos tercios, que representan 342 votos.
Si así fuera, el Supremo instauraría un juicio penal contra el mandatario, quien sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que duraría el proceso y su vacante sería cubierta por el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
El presidente de la comisión que hará el primer análisis, Rodrigo Pacheco, dijo hoy que la primera sesión deberá realizarse el martes próximo, cuando será elegido el diputado que actuará como instructor del caso, un cargo que ya pleitean el oficialismo y la oposición.
Los primeros tienen una amplia mayoría en la comisión, pero la designación será hecha en forma autónoma por Pacheco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) que lidera el mandatario, lo cual despierta suspicacias entre sus adversarios.
Sin embargo, Rocha reiteró que su decisión se tomará sobre «criterios técnicos» y que escogerá a un diputado con una «relativa independencia», aunque admitió que la polarización que genera el caso dificultará ese segundo objetivo.
Una vez instalada la comisión, los abogados de Temer tendrán un plazo de diez sesiones para presentar su defensa, pero han dicho que pretenden hacerlo cuanto antes para acelerar el proceso.
Los ejecutivos de JBS acusaron a Temer de recibir coimas desde 2010 y aportaron una explosiva grabación, en la que el mandatario escucha en silencio o consiente maniobras ilegales relatadas por el dueño de la empresa, Joesley Batista, durante una visita a la residencia oficial de la Presidencia.
Temer ha descalificado esos testimonios, asegurado que no son más que una «pieza de ficción» e incluso ha afirmado que los audios fueron editados, lo cual fue descartado en un análisis de la grabación de la Policía Federal.
En medio del torbellino, el presidente evitó hoy referencias al asunto en un acto público, aunque por momentos pareció aludir a sus problemas jurídicos y alertó de que «Brasil está prosperando» y recuperando su economía, por lo que «no se puede dejar» que «nada» interrumpa ese proceso.
«El momento que atravesamos exige responsabilidad de todos», ya que «está en juego es la superación de una crisis sin precedentes y el futuro de Brasil», dijo Temer, quien mañana enfrentará la segunda huelga general convocada este año por los sindicatos.