El líder opositor Luis Abinader tuvo un acierto político esta semana al presentar proyecciones de cómo el país avanza hacia la insostenibilidad financiera, de mantenerse el actual ritmo de endeudamiento público, ya sobre 33 mil millones de dólares, que para el 2020 superaría los 45 mil millones, lo que también advierten economistas y empresarios.
El presidente Danilo Medina ha estado evadiendo pagar el costo del pacto fiscal, porque le obligaría a reducir algunos niveles del reparto, clientelismo y rentismo político, pero podría quedar limitado en sus inversiones durante su último periodo gubernamental y corriendo el riesgo de terminar como responsable de un descalabro financiero
Hasta US $45 mil millones
El economista, empresario y dirigente político Luis Abinader sostuvo esta semana que la pista del endeudamiento se le está terminando al gobierno después de casi una década de progresivo financiamiento de déficits fiscales y reasumió las demandas de correcciones del rumbo sostenidas por economistas, dirigentes empresariales y políticos planteando la concertación del pacto fiscal dispuesto por la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, con abundantes propuestas de ajustes.
Enfatizando que sus cálculos son en base a datos de los organismos estatales, Abinader y su asesor económico Miguel Ceara Hatton cuantificaron la deuda consolidada del Estado al 16 de agosto en 33 mil 180 millones de dólares, más 3 mil 582 millones contratados entre agosto y noviembre, lo que totaliza 36 mil 762 millones de dólares.
En una presentación ante directores de medios de comunicación sostuvo que esa deuda representa el 46.4% del producto interno bruto (PIB), que de mantener la tendencia actual superaría los 45 mil millones de dólares en el 2020, al final del actual período gubernamental, para un 51.8% del PIB. Ya en agosto último cada dominicano debía 3 mil 263 dólares, equivalentes a 151 mil 757 pesos.
Mostró que ya este año los gastos del gobierno y el pago de los intereses de la deuda acumulada, que totalizan 571 millones de pesos, superan en 81 mil millones los 490 mil millones de pesos a recaudar. Eso implica que todas las inversiones, incluyendo la amortización de capital, se cubren con préstamos. En sus primeros 4 años Medina se endeudó a ritmo de 206 millones de dólares mensuales, totalizando 9 mil 100 millones de
dólares, casi duplicando los 112 millones por mes de su antecesor Leonel Fernández, quien en el doble de años buscó préstamos por 10 mil 700 millones de dólares.
Peor para el CREES y Rijo
Los cálculos sobre déficits y financiamiento público de Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y del experto fiscal José Rijo, arrojan balances más preocupantes aún, pues agregan renglones no registrados como deuda estatal. El primero la eleva a 39 mil millones de dólares, sumándole 2 mil 852 millones por recapitalización del Banco Central, 1,500 con el Banco de Reservas, y 778 millones pagados a los generadores con financiamiento a las distribuidoras de energía.
Selman sigue sosteniendo que el déficit fiscal del año que culmina alcanzará los 150 mil millones de pesos, y que las recaudaciones quedarán 20 mil millones de pesos por debajo de lo presupuestado, a pesar de los esfuerzos recaudatorios de las últimas semanas tras la designación de Magin Díaz en la dirección de Impuestos Internos.
Por su parte José Rijo Presbot calcula la deuda del sector público no financiero en 26 mil 397.6 millones de dólares reportada a octubre, más mil 012 millones aún no incorporados, una «deuda flotante» de 898.6 millones, y compromisos de línea de crédito con el Banco de Reservas por 473.1 millones de dólares, para totalizar 28 mil 781 millones de dólares. Sumándole 6 mil 775 millones del Banco Central, consolida la deuda estatal en 35 mil 556 millones de dólares.
Rijo advierte que con el financiamiento de 778 millones para pagar a los generadores eléctricos y unos 425 millones del fideicomiso vial del Ministerio de Obras
Públicas-Banreservas, la deuda estatal se consolidaría en 36 mil 759 millones de dólares, sin las de la JCE y los ayuntamientos aún sin transparentar.
Preocupación empresarial
Desde el frente empresarial siguieron expresándose esta semana preocupaciones por el rumbo de las finanzas públicas y reclamos de un pacto fiscal, de una ley de responsabilidad fiscal, y sobre un modelo de desarrollo que el Ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás volvió a considerar ineficiente, por no generar suficientes empleos formales y de calidad.
El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo proclamó una vez más que el modelo de desarrollo productivo «luce agotado e incapaz para enfrentar los grandes desafíos de la economía global», reclamando una reingeniería del Estado que elimine las políticas populistas y clientelares.
En una tertulia pública el miércoles, Antonio Taveras Guzmán proclamó la urgencia de una «revolución fiscal que permita financiar el desarrollo mediante el aumento de la presión tributaria, al tiempo que se ejecute una reforma institucional profunda que lleve a un manejo eficiente y racional del gasto».
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios sostuvo que el presupuesto para el 2017, aprobado esta semana por el Congreso Nacional, ratifica una década de déficits presupuestarios, con prácticas históricas de sobre estimación de los posibles ingresos y subestimación del gasto, que han implicado 620 mil millones de pesos.
Plantea que esa práctica «es insostenible en el tiempo y lesiona la actividad privada», por lo que reclama revisar la complejidad y la desigualdad del sistema tributario, estimando «prudente y responsable que se inicien las discusiones del «Pacto Fiscal Integral que debió llevarse a cabo en el 2015, según la Estrategia Nacional de Desarrollo».
Emergencia de las aguas
El gobierno termina el año arañando para reunir más de 12 mil millones de pesos que implica el pago del salario adicional navideño, mientras a los ayuntamientos el Congreso tuvo que autorizarle un préstamo de mil 200 millones de pesos para el mismo fin. Se confía que esas erogaciones contribuyan a dinamizar las ventas y actividades económicas reducidas por el severo ajuste del último cuatrimestre, tras el desbordamiento del gasto en la campaña electoral. Los contratistas de obras y servicios denuncian reducción de los pagos, los hospitales y las organizaciones sin fines de lucro reportan atrasos de sus subvenciones de hasta cuatro meses.
La estrechez económicas del gobierno queda de manifiesto en la virtual paralización en que concluyen el año las dos mayores inversiones públicas de la historia nacional, las de las plantas de carbón de Punta Catalina, sin respuesta al llamado de inversión privada, y el metro de Santo Domingo, este sin poderse concluir aunque su tercera línea fue «inaugurada» en medio de la campaña electoral.
Para colmo, los aguaceros de tres semanas dejan daños a las infraestructuras y necesidades de ayuda a miles de damnificados y de financiamiento y a los pequeños productores que ya el ministro de Obras Públicas elevó hasta 20 mil millones de pesos, que
repercutirán sobre el déficit fiscal del año que concluye y del 2017, ante lo cual se tramita un estado de emergencia para que el gobierno busque recursos como y donde pueda.
Atrapado pero con salida
Es obvio que los recursos fiscales ya no alcanzan ni para el gasto corriente y los intereses de la deuda, y con tendencia a la insostenibilidad de proseguir el nivel de financiamiento de la última década. Más aún ante las evidencias de un incremento de los intereses internacionales, mientras el 70 por ciento de la deuda nacional es en los ineludibles bonos soberanos.
Para mantener el precario equilibrio el gobierno todavía puede encontrar financiamiento, pero cada vez más insuficiente para invertir en las obras fundamentales, y dar mantenimiento a las deterioradas, concluir remodelaciones y equipamiento de unos 50 hospitales, para agua potable, medio ambiente, seguridad ciudadana y superar los salarios y las pensiones públicas de 5 mil 117 pesos, y para atender los requerimientos del Poder Judicial y los ayuntamientos, estrangulados financieramente.
El gobierno luce atrapado financieramente, pero tiene una salida que evade sistemáticamente, que no es otra que el pacto fiscal con la sociedad que manda la Ley de Estrategia de Desarrollo y todos reclaman. Pero sabe que conllevaría reducir altos niveles de malversación, corrupción, clientelismo, y repartos rentistas sobre los que se ha fundado el predominio político. Muchos no entienden que se corra el riesgo de la insostenibilidad fiscal advertida que en corto tiempo pudiera conllevar peores costos políticos que alguna rectificación del gasto y de la impunidad para generar una mayor disponibilidad a la contribución fiscal. No será fácil, pero todos los caminos lucen abruptos y empinados.-