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El Gobierno se esfuerza en contener la marcha contra la impunidad

El Gobierno se esfuerza en contener la marcha contra la impunidad
Juan Bolívar Díaz

El Gobierno desplegó esta semana lo que pareció una ofensiva para distanciarse de la corrupción que se le endilga y responder el clamor nacional contra la impunidad, al reanudar las investigaciones sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano por 93.7 millones de dólares y sobre las irregularidades en la venta del Barrio Los Tres Brazos.

La Procuraduría también presentó querella contra algunos de los involucrados en la mafia extorsionadora que provocó el suicidio de un contratista en plena Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mientras la Dirección de Compras y Contrataciones anunciaba la anulación de licitaciones en dos organismos estatales.

Abandona la pasividad

El gobierno no se ha detenido tras las imputaciones a  14 personas por el escándalo de sobornos de la Odebrecht y esta semana lanzó una ofensiva procurando distanciarse de la pasividad y la impunidad con que había visto pasar numerosos actos de corrupción que han rebosado la paciencia ciudadana. El éxito de la última marcha verde, efectuada hace dos semanas en San Pedro de Macorís, demostró que hace falta mucho más para contener la indignación ciudadana,  por lo que se ha pasado a dilucidar varios de los casos acumulados en el rosario de corrupción nacional.

Ninguno más parecido al de Odebrecht que los sobornos por la compra de los 8 aviones Super Tucano, también en Brasil, a un costo de 93.7 millones de dólares, por igual confesados ante la justicia norteamericana por la empresa Embraer, que habría pagado  coimas 205 millones de dólares, 3.5 millones en la República Dominicana, y el resto en Arabia Saudita y Mozambique.

Otros dos escándalos, enrostrados sistemáticamente al gobierno del presidente Danilo Medina, fueron reactivados por la justicia en esta semana, el de la mafia extorsionadora que operaba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)  y el de la venta de los terrenos del barrio capitalino Los tres Brazos, pertenecientes a la otrora poderosa Corporación de Empresas Estatales (CORDE).

Ningún caso completado

Ninguno de  los tres casos abordados esta semana por la PGR ha podido culminar en imputaciones satisfactorias y más bien ha parecido que se juega al olvido. El vuelo de las denuncias de sobrevaluaciones y sobornos para la compra y aprobación del contrato de los Tucan0os comenzó desde que se planteó la adquisición cerrada en el 2008. En mayo del 2016 el diario Wall Street Journal ofreció los detalles del soborno a militares y legisladores por los 3.5 millones de dólares. Desde febrero 2016 la Procuraduría General asumió la investigación robustecida  con la confesión de la Embraer en octubre.

Hasta el momento el Ministerio Público sólo ha imputado al exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio y al coronel Carlos Piccini Núñez, así como al empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández. Ningún legislador ni político ha sido imputado, aunque desde el principio se vocean nombres y apellidos, en una compra por 94 millones de dólares, cuyo financiamiento fue denunciado en el Congreso antes de su aprobación.

Como en el caso Odebrecht, la percepción generalizada es que en los Tucano  no sólo hubo sobornos, sino también sobrevaluación, comparando los precios a que otros países, como Colombia, habían pagado el mismo tipo de aeronave. Otra similitud es que en este también ha habido selectividad en las imputaciones, pues han resultado ilesos los ejecutivos de otras dos empresas identificadas como las mayores correas de las transferencias al país del dinero, teniendo en común apellidos tan sonoros como Balaguer y Rojas Tabar. Con nuevos interrogatorios, la PGR procuraría completar un expediente creible. Hasta ahora sólo el Coronel Piccini está preso y es señalado como un “chivito expiatorio”.

Expedientes en  OISOE

Tres de los escándalos de corrupción del actual gobierno han sido los que afectaron la OISOE, CORDE y el CEA. Los dos primeros fueron de los abordados esta semana. El de la OISOE es el más avanzado, ya que el lunes la Procuraduría Especializada para Persecución de la Corrupción Administrativa presentó acusación formal ante juez contra cuatro involucrados.

Aquí también se denuncia selectividad, pues se atribuye a cuatro funcionarios medios la operación de una red de extorsiones para contrataciones y pagos de obras, que hizo explosión en septiembre del 2015 con el suicidio en plenas oficinas de la OISOE del contratista David Rodriguez, quien dejó una nota acusatoria. Luego el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores presentó otros 52 expedientes sujetos a la misma extorsión. Muy pocos han aceptado que no hubiese al menos complicidad en los mandos superiores de la institución.

La PGR tiene otro expediente pendiente de la OISOE, bajo la misma administración, por haber casi duplicado el costo de la remodelación del hospital Darío Contreras, originalmente contratada por 886 millones de pesos y que concluyó en el 2014 en 1,700 millones de pesos. La enorme sobrevaluación fue certificada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, revalorada por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas que remitió el expeidente a la PGR hace  año y medio. Las sobrevaluaciones de hasta 100 por ciento han sido sistemáticas en la OISOE, señalándose los casos de los parqueos del Palacio de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la administración de ahora senador Félix Bautista.

La CORDE y el CEA

El escándalo de la venta a precio de vaca muerta de Los Tres Brazos estalló a mediados del año pasado, pero se convirtió en escándalo en diciembre, al punto que se dio el caso sin precedente de que tres programas matinales de televisión se unieran para denunciar la situación con el mismo barrio en trasmisión de una hora. El gobierno designó una comisión que concluyó validando las denuncias y algo peor: que aunque la venta a una empresa inmobiliaria de un barrio con unas 14 mil familias, aunque había sido por 80 millones de pesos, en realidad sólo había reportado a CORDE 3.3 millones de pesos.

Se acordó anular la venta, viciada por falta de aprobación congresual y otras carencias y disolver la corporación. Se presume que con su interrogatorio esta semana al entonces director de CORDE, el dirigente político Leoncio Almánzar, el Ministerio Público buscaría establecer responsabilidades. Personas vinculadas juran que rebasan al administrador, un hombre de vida frugal.

De CORDE está pendiente establecer la responsabilidad en la venta de una mina de su propiedad en Puerto Plata, por 95 mil dólares, a lo que la Dirección de Minería y luego el Ministerio de Energía y Minas hicieron oposición, porque su valor fue estimado en 100 millones de dólares. La empresa adquiriente ya había pagado y hace meses tenía un reclamo de devolución pendiente en el Tribunal Superior Administrativo.

El  CEA hace años que es un escándalo sin tregua, por la forma en que se han repartido millones de tareas de lo que fuera la empresa más productiva del país, pero en febrero tuvo una explosión con el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en San Pedro de Macorís y el “suicidio” de su autor, un desesperado que había pagado por terrenos que no le entregaron. Una comisión oficial documentó la estafa y se la mandaron a la PGR, pero es muy pronto para tomarle cuenta.

El esfuerzo del gobierno se completó esta semana con el anuncio de la Dirección de Compras y Contrataciones de la anulación de dos licitaciones en el Instituto de Desarrollo Cooperativo y en la Corporación del Acuerducto de Santo Domingo, tras comprobar irregularidades. Pero en ambos casos ya habían dado curso parcial a las compras. Habrá que esperar a ver si hay consecuencias.

Los casos más difíciles

Para responder los cuestionamientos que han generado la indignación de la Marcha Verde, la PGR tiene todavía mucho terreno por cubrir, especialmente en las investigaciones de las denuncias de sobrevaluaciones. Comenzando mayo el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, presentaron una  denuncia para que se investigue el financiamiento de campañas electorales por Odebrecht.

El documento se basó en las revelaciones de los interrogatorios en Brasil y recogió la ruta de la operación Lava Jato hasta la República Dominicana, documentando transferencias por 4 millones 396 mil dólares de empresas offshore de Odebrecht a la firma Cine&Art 2013 establecida en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, el asesor de las campañas electorales de Danilo Medina. Hasta el momento no ha habido respuesta.

Pero a la PGR no le ha interesado investigar las denuncias de financiamientos de campañas. En mayo del 2015 un grupo de 17 diputados del Partido Revolucionario Moderno depositó una instancia para que los interrogaran sobre la voceada compra de votos   la reforma constitucional que permitiría la reelección de Medina. Luego en marzo del 2016 el mismo partido sometió otra denuncia para que investigaran las relaciones de la empresa de Joao Santana Polis Caribe con el Estado. Silencio en ambos casos.-

 

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