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El huracán María golpe definitivo para un Puerto Rico con economía en caída libre

El huracán María golpe definitivo para un Puerto Rico con economía en caída libre
El huracán María golpe definitivo para un Puerto Rico con economía en caída libre

San Juan.- El 2017 quedará marcado en la historia de Puerto Rico por sufrir el peor huracán de las últimas décadas, golpe definitivo para una isla castigada por una deuda impagable de 70.000 millones de dólares y una economía en caída libre.

El 20 de septiembre de 2017 será recordado en la memoria colectiva de los puertorriqueños como la fecha en la que el huracán María dejó a la isla sumida en el caos por la destrucción de sus infraestructuras, pérdidas por 94.000 millones de dólares y cerca de 60 muertos.

Apenas hacía 2 semanas que el huracán Irma había rozado Puerto Rico causando daños considerables, pero la noche del 20 de septiembre María atravesó la isla de sur a norte, un ciclón con vientos sostenidos de más de 250 kilómetros por hora que rozó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Las horas durante las que el huracán pasó por la isla dejó un rastro de destrucción que no se recordaba abriendo paso a semanas de falta de servicio eléctrico, escasez de agua y alimentos, espera de horas ante gasolineras, pillaje y desconcierto generalizado.

El balance definitivo de pérdidas tardará tiempo en conocerse, aunque el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, estableció de cara a las ayudas federales unas pérdidas ascendentes a 94.000 millones de dólares.

El huracán dejó en un primer momento sin electricidad a la totalidad de los 3,4 millones de habitantes de Puerto Rico y a buena parte sin agua, servicios que no han llegado a recuperarse de forma definitiva a pesar de la ayuda prestada por Estados Unidos, que desplazó a miles de efectivos a este Estado Libre Asociado al país norteamericano.

El Gobierno que lidera Ricardo Rosselló pidió ayuda a EEUU y su reclamo consiguió llamar la atención de Washington, desde donde llegaron el vicepresidente, Mike Pence, y el mismísimo presidente, Donald Trump, que será recordado en la isla por arrojar rollos de papel a los damnificados al estilo de un baloncestista, modos que no se entendieron en Puerto Rico.

La mediática alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se quejó de la falta de ayuda de Washington, lo que provocó un cruce de reproches con Trump a través de las redes sociales.

La concesión de un contrato de 300 millones de dólares por parte de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a Whitefish Energy, una pequeña empresa de solo dos empleados fijos del estado de Montana, para restaurar la infraestructura eléctrica provocó polémica y malestar en Washington, un caso que se cerró con la dimisión del director de la sociedad pública.

Precisamente el director de la eléctrica puertorriqueña dijo poco después de que el huracán golpeara la isla que a algunas áreas de la isla la luz tardaría en llegar hasta 9 meses, un mensaje que tuvo como respuesta la aceleración del éxodo hacia Estados Unidos, refugio de la población de la isla gracias a contar con pasaporte estadounidense.

Aunque no hay cifras oficiales, los expertos hablan de que más de 150.000 personas abandonaron la isla tras el huracán María en busca de un trabajo que escasea tras el paso del ciclón, en especial por la falta de electricidad.

Los expertos coinciden en apuntar que se tardará años en volver a la situación previa, ya de por sí crítica dado que en el momento que el huracán María pasó por Puerto Rico la isla estaba en pleno proceso judicial de quiebra para reestructurar una deuda pública que ronda los 70.000 millones de dólares.

Ese proceso de quiebra supervisado por un juez federal, responsable de determinar a quién se paga y cuánto, quedó establecido por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), una norma aprobada por el Congreso en Washington en junio de 2016 ante la imposibilidad del Gobierno de cumplir con los acreedores.

La Ley Promesa estableció además una Junta de Supervisión Fiscal, entidad que se superpone al Ejecutivo puertorriqueño cuyas decisiones han provocado la airada respuesta de San Juan, que ha denunciado su intromisión en parcelas que el Gobierno de la isla entiende son de su exclusividad.

La imposibilidad de pagar la deuda está acompañada de una profunda crisis económica que se prolonga desde hace ya más de una década, que entre otras consecuencias ha provocado una caída de la recaudación de impuestos, claves para contar con un presupuesto equilibrado.

Una crisis que no parece tener final, la deuda impagable en proceso de reestructuración, la entidad de control al Ejecutivo local impuesta por Washington enfrentada al Gobierno y como “puntilla” el peor huracán del último siglo han hecho del 2017 uno año para olvidar por los puertorriqueños que buscan en el 2018 tiempos mejores.

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