REDACCIÓN.- El sistema penitenciario en Venezuela vuelve a estar bajo escrutinio tras el intento de suicidio de Carlos Eduardo Valecillo Ramírez, un preso político detenido tras las protestas poselectorales.
Este joven, recluido en la cárcel de Tocorón, habría intentado quitarse la vida debido a las condiciones inhumanas y las torturas a las que, según denuncias, son sometidos los detenidos políticos en el país.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años las prácticas sistemáticas de tortura en cárceles venezolanas, señalando que estas no solo buscan castigar, sino quebrar psicológicamente a los detenidos.
Valecillo Ramírez dejó una carta a su familia antes de intentar suicidarse, en la que expresó su deseo de morir para no seguir sufriendo. “Me despido de toda mi familia… de nada me vale estar vivo si no puedo disfrutar de mi hijo y mis seres queridos”, escribió. Este desgarrador testimonio pone en evidencia el impacto devastador de las condiciones de reclusión y los abusos en la salud mental de los presos.
En un video difundido en redes sociales, Ismael Isabel Ramírez Borges, madre de Valecillo Ramírez, pidió directamente al presidente Nicolás Maduro la liberación de su hijo. “Mi hijo es inocente, no ha cometido ningún delito. Pido como madre desesperada que se ponga la mano en el corazón y permita que lo liberen”, expresó entre lágrimas. Afirmó que las autoridades del penal no le han permitido verlo, lo que incrementa su preocupación por la salud física y mental de su hijo.
Exreclusos y organizaciones como Foro Penal han documentado una amplia gama de abusos en cárceles como Tocorón. Las celdas de castigo, conocidas como «el tigrito«, y los métodos de tortura, como encierros en espacios sin oxígeno, palizas rutinarias y alimentación con comida en estado de descomposición, son parte de las prácticas que enfrentan los presos políticos. Juan, un joven excarcelado recientemente, describió su experiencia en Tocorón como «vivir en un campo de concentración».
“Nos golpeaban, nos insultaban y nos daban una comida que apenas parecía apta para animales. Algunos detenidos perdían las ganas de vivir, se volvían zombis”, relató Juan, quien destacó que los castigos extremos y la humillación constante llevaban a muchos a la desesperación.
El caso de Valecillo Ramírez no es aislado. En semanas recientes, otras denuncias han señalado intentos de suicidio entre presos políticos debido a las condiciones de reclusión. Mariana González, una adolescente detenida arbitrariamente, también manifestó su intención de quitarse la vida antes de ser excarcelada por razones de salud. La ONG Foro Penal ha advertido que estas situaciones son la consecuencia directa de un sistema penitenciario diseñado para someter y silenciar a los disidentes.
La líder opositora María Corina Machado denunció públicamente las condiciones de Valecillo Ramírez, afirmando que fue golpeado, amenazado y que presenta abscesos en el rostro que requieren atención médica urgente. “Es terrorismo de Estado”, declaró, mientras exigía su liberación y la de todos los presos políticos. Por su parte, la Corte Penal Internacional investiga al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, incluyendo las denuncias de tortura y detenciones arbitrarias.
Expertos en derechos humanos han señalado que el uso de torturas no solo busca castigar, sino infundir terror tanto en los detenidos como en la población en general. «Estas prácticas son sistemáticas y buscan anular psicológicamente a los presos», afirmó Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal. Las familias de los presos denuncian que la falta de acceso a abogados privados, las condiciones inhumanas y la negación de contacto con sus seres queridos son estrategias deliberadas para mantener el control sobre los detenidos.
La comunidad internacional sigue de cerca estos casos, pero las familias de los presos políticos exigen acciones más contundentes. “No nos moveremos de aquí hasta que liberen a Carlos”, declaró la hermana de Valecillo Ramírez desde las afueras de Tocorón. La situación de los presos políticos en Venezuela no solo refleja una crisis de derechos humanos, sino el impacto devastador de la tortura en la dignidad y la vida de quienes son víctimas de este sistema represivo.
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