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El Informe confirma que militares y policías usufructúan bienes incautados

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una investigación periodística realizada por El Informe con Alicia Ortega, confirmó que apartamentos, casas y solares confiscados por narcotráfico o lavado de activos se encuentran en la actualidad en manos de Coroneles, Mayores, Capitanes y Tenientes de la Policía Nacional, del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Dominicana.

En el país, varios organismos disponen y custodian los bienes incautados, facultades otorgadas por la ley, por decretos y por el Código Procesal Penal.

El Informe solicitó los archivos de estos bienes en la Oficina de Bienes Incautados, la DNCD y el Ministerio Público.

Según Laureano Guerrero, director de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, desde hace un año y 4 meses, él encontró un panorama muy diferente al actual en esa oficina, ya que anteriormente “muchos bienes incautados eran ocupados por militares, políticos, amigos de políticos, y policías”.

En el inventario de bienes inmuebles, bajo custodia de esa oficina, suministrados a El Informe, aparecen registradas 161 propiedades, divididas entre casas, apartamentos, solares, fincas y locales comerciales.

De esta lista, 30, o sea, casi un 20%, están designadas de forma gratuita a Coroneles, Mayores, Capitanes y Tenientes de la Policía, del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Otras tres propiedades están alquiladas a militares, según reveló Laureano Guerrero.

El Informe visitó los inmuebles que están siendo ocupados por los uniformados, entre los cuales se destacan una residencia en la Urbanización Italia, en la Calle Los Alpes, de Santo Domingo Este, habitada por el Capitán Leonardo Rosario, Ejercito.

Asimismo, en el Ensanche Isabelita, en la calle 6, una residencia está ocupada por el Coronel Héctor Hiperides Hernández Núñez, también del Ejército.

En Naco, en el Edificio Don Alfonso I, un apartamento está habitado por el coronel Maldonado, de la Marina de Guerra.

En el Evaristo Morales, en la calle Luis. F. Thomen, hay una apartamento asignado al coronel Ramón D. Hidalgo González, del Ejército.

En Bellavista, un apartamento de la Plaza Ortega de la Avenida Selene, está habitado por el Mayor Juan Manuel Puig Hernández.

En la Avenida Privada, esquina Anacaona, un apartamento está asignado al Coronel Julio Cesar Hernández Olivero, del Ejército.

En la calle Amapola, en Alameda, de Santo Domingo Oeste, una residencia está asignada al Coronel del Ejército Tomas de la Rosa Pastrano, quien es Sub-Comandante de la Guardia Presidencial.

Igualmente en la lista de la oficina de Bienes Incautados aparece una vivienda de la Calle Julio César Martínez, en Alma Rosa, habitada por un Primer Teniente.

También se destaca una vivienda en la calle 24 de Abril, de El Valiente, asignada a un Segundo Teniente de la Policía Nacional.

En Villa Carmen, en la Calle Ramón Javier Batista, una vivienda está habitada por un teniente Coronel de la Fuerza Aérea.

Un apartamento en San Carlos, aparece habitada por un mayor del Ejército.

Y en el sector San Juan Bosco, en el Edificio Cabaña de la Montaña, hay un apartamento habitado por un Teniente Coronel de la Marina de Guerra.

Asimismo, llaman la atención dos apartamentos del residencial Villamán, ubicados en Bellavista, alquilados al Coronel Julio A. Polanco y Polanco, por el módico precio de RD$7,000.00.

También, hay otra residencia en la Manzana K, en los Cerros del Ozama alquilada al Capitán Delio Ramón Martínez Núñez de la Fuerza Aérea Dominicana, en RD$3,000.00.

Mientras que en Santiago, 4 apartamentos y una residencia son ocupados por militares, incluyendo miembros de la DNCD, del DNI, de la Policía y la Fuerza Aérea. Mientras que en San Francisco, una vivienda está en manos de un coronel de la policía.

Particulares

También se destacan en la lista de bienes incautados inmuebles asignados de forma gratuita a particulares, que están siendo usufructuados con negocios comerciales en dichos lugares.

Por ejemplo, en la Calle Moca de Villa Juana, según la lista de Bienes Incautados, hay un local que está habitado por CONANI, sin embargo, está ocupado por un negocio de repuestos de autos.

Y en San Cristóbal, cinco locales comerciales están arrendados a una misma persona particular.

La DNCD

Entre los inmuebles confiscados y en manos de la DNCD se encuentran fincas, viviendas y apartamentos.

En la lista remitida a El Informe, la DNCD custodia en la actualidad siete propiedades, entre estas una finca en Juan Dolio, propiedad de Figueroa Agosto. Actualmente la sección de la institución en la zona, opera y pernota en el inmueble como parte de la custodia.

Mientras, en Lomas Linda, kilómetro 32 de la Autopista Duarte, también custodian esta residencia vinculada a “El Chino”.

Además, un apartamento de un edificio en la calle la Pina, en Jarabacoa, opera la inspectoría de la DNCD de La Vega.

Una suntuosa residencia propiedad de Justo Germán Rosario Medrano, “Papi”, guardando prisión por el decomiso de 1,636 kilos de cocaína, ubicada en la calle Ostiones, en Los Corales del Sur de Santo Domingo Este, está custodiada por la DNCD y el Destacamento Operativo de Inteligencia Fronteriza (DIF).

Cementerio de vehículos

Entre la interminable variedad de bienes incautados producto de narcotráfico o el lavado de activos, sin duda, los vehículos son uno de los principales bienes muebles que el Ministerio Público y la Oficina de Bienes Incautados confiscan.

En los depósitos de estas dos instituciones se pueden encontrar carros de hace 20 años hasta vehículos de última generación. Sin embargo, en tres depósitos en diversos sectores de la zona Metropolitana se observan en estado deplorable unos 400 vehículos y 700 motores que permanecen bajo la intemperie.

En el depósito de la Oficina de Bienes Incautados, ubicado en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, El Informe encontró 84 vehículos en total estado de oxidación, ninguno en condiciones de volver a la calle, ya que entre la naturaleza y el robo de sus principales partes, como motores, asientos, luces y gomas, se encuentran en estado de chatarra. Lo mismo ocurre con 121 chasis de lo que algún día fueron motores, así como también una avioneta.

Mientras que en el depósito de Palavé, en Manoguayabo, el equipo de El Informe encontró 160 chatarras, que en su momento fueron vehículos y hoy sólo sirven para que la hierba y los chivos las ocupen. En ese lugar se pudo apreciar incluso una limusina en total estado de abandono. Asimismo, 241 chasis de motores ahora en poder de las arañas.

Finalmente, en el depósito ubicado en la Avenida España, el salitre del mar ha oxidado los metales de 131 carros y 329 chasis de motor. Aquí el denominador común fue el mismo que en los otros depósitos: autos sin motor, gomas o sus principales partes.

Incluso, un Corvette y Mercedes Benz descapotable, no tienen su principal fuente de movimiento.

Diferencias y controversia

En el reportaje de El Informe, también se mostró el depósito de la Fiscalía del Distrito Nacional, donde tienen bienes incautados en las propiedades de Quirino Ernesto Paulino, José David Figueroa Agosto, Sobeida Feliz Morel y Arturo del Tiempo. Allí se pudo ver la “otra cara de la moneda” en cuanto al mantenimiento y custodia de estos bienes muebles, principalmente los carros y motores de lujo que ahí permanecen.

Proyecto de Ley

De la misma forma, la investigación periodística dio a conocer el conflicto que tiene enfrentados al Consejo Nacional de Drogas, la DNCD y la Procuraduría General de la República, luego que ésta última interpusiera un ante proyecto de ley ante el Congreso para modificar los porcentajes de fondos que son asignados a las diversas instituciones que luchan contra las drogas.

El proyecto se presentó antes de concluir un levantamiento del Consejo de Nacional de Drogas, con conocimiento del Procurador General de la República, y trabajando con expertos internacionales para adherirse al plan BIDAL, por sus siglas, Bienes Incautados en América Latina, de la Organización de Estados Americanos y aplicado en países como Colombia, Argentina, Chile, México y Uruguay, y próximamente Costa Rica.

El objetivo, armonizar las leyes de lavado de activos y bienes incautados de los países para que un solo organismo los administre.

Dicho ante proyecto de la Procuraduría quiere modificar los porcentajes a un 25% para el Ministerio Público; 25% para la DNCD; un 25% para el Consejo Nacional de Drogas; un 15% para las ONGs que luchan contra la droga, y 10% para el Ministerio de Deportes.

Con estas nuevas partidas, se le restaría un 25% de los recursos provenientes de los bienes incautados a la DNCD, que hasta hoy se le asigna un 50%, y un 10% al Consejo Nacional de Drogas, que recibe un 35%.

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