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El informe sobre el CEA

Cuando se produjo el lamentable hecho de sangre en San Pedro de Macorís, que costó la vida a los comunicadores Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina, tanto por el impacto emocional que nos produjo la relación de amistad con el primero y el ser ambos destacados comentaristas locales así como la creciente presencia en el país de mafias asociadas al narcotráfico y el crimen organizado, nos hizo presumir que se trataba de un asesinato por encargo contratado por algún interés espurio que hubieran podido poner al descubierto a través de su trabajo periodístico.

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Cuando se produjo el lamentable hecho de sangre en San Pedro de Macorís, que costó la vida a los comunicadores Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina, tanto por el impacto emocional que nos produjo la relación de amistad con el primero y el ser ambos destacados comentaristas locales así como la creciente presencia en el país de mafias asociadas al narcotráfico y el crimen organizado, nos hizo presumir que se trataba de un asesinato por encargo contratado por algún interés espurio que hubieran podido poner al descubierto a través de su trabajo periodístico.

Fue un juicio emocional y apresurado, impropio de un correcto ejercicio profesional. Admitimos nuestro error y pedimos excusas, sin excusarnos a nosotros mismos.

Pero en algo si estábamos acertados. Y es que fue un crimen de mafia. Pero en este caso de la que operando en el CEA igual que en CORDE, han estado haciendo uso doloso del patrimonio público, que en este último puso al descubierto la protesta de los vecinos de Los 3 Brazos y en el primero, por desgracia, el de el penoso e irremediable hecho de sangre que dio lugar a la investigación.

Acciones turbias de esa mafia sirvieron de detonante para convertir a una víctima del CEA, en este caso José Rodríguez, en victimario de Leónidas y Luis Manuel. Una tragedia que nunca debió tener lugar. De manera expresa y esto es moralmente muy importante, ha quedado muy en claro que ni Leónidas ni Luis Manuel ni sus respectivas familias, tuvieron que ver con los terrenos envueltos en este caso, ni con alguna otra operación relacionada con el patrimonio del CEA. Su papel, que les costó la vida en un desenlace todavía de difícil entendimiento, fue el de simples intermediarios en una gestión a favor de su matador.

Es lo que ha confirmado el informe de la comisión nombrada por el Presidente para investigar este hecho específico. Si bien la misma estuvo limitada a este caso, ha servido para poner al descubierto de manera oficial lo que se rumoraba, sabía comentaba y venía ocurriendo todo este tiempo sobre las maniobras tortuosas que han empobrecido de manera significativa el valioso patrimonio inmobiliario original del CEA, convertido en un verdadero vendaval de operaciones inmorales que califican como delictivas.

Así lo establece de manera categórica el trabajo de investigación llevado a cabo por la comisión encabezada por el Consultor Jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal y que conformaron además Lidio Cadet y José Dantés. En sus conclusiones, recomiendan someter a una amplia auditoría por espacio de seis meses a la institución, destituir funcionarios, suspender a otros, cancelar todo tipo de operación de venta de terrenos y propiedades aún en poder del consorcio y derivar información a la Procuraduría para establecer posibles acciones penales y determinar el destino futuro de la entidad. Esto último ya fue cumplimentado de inmediato, según dejó saber el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

Dos datos apenas sirven de orientación para hacerse una idea de lo ocurrido en el antiguo y rico emporio azucarero del Estado.

Uno, cuando el CEA operaba once ingenios su nómina llegó a ser de apenas 900 empleados; hoy, en cambio, que no opera ninguno, esa nómina ha sido abultada hasta llegar a cuatro mil, lo que mensualmente requiere el pago de cincuenta millones de pesos, que son sufragados con la venta de terrenos.

El segundo, de un patrimonio multimillonario que según el experto en temas agropecuarios Frank Tejada, era de 3 millones 500 mil tareas que convertía al CEA en el más grande terrateniente del país, hoy apenas le quedan 800,000, menos de la cuarta parte. (El dato es confirmado por Bautista Rojas Gómez, quien preside la comisión que revisa los 42 mil contratos de venta y reventa de tierras llevada a cabo por la institución). La diferencia, presumiblemente en muchos casos al clásico precio de “vaca muerta” como hizo CORDE con Los 3 Brazos, habría pasado a manos de militares, políticos, funcionarios, emparentados y gente influyente. Al parecer toda una festiva y alegre piñata.

Como reza el dicho “no más palabras, magistrado”.

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