Un barco de irregularidades parece haber anclado en Autoridad Portuaria entre los años 2016 y 2020, según una auditoría realizada por la Contraloría General de La República.


El Informe tuvo acceso en exclusiva al documento que revela malas prácticas que van desde nominillas, consumos excesivos con tarjetas de crédito corporativas, evasión fiscal, sustracción de vehículos y armas de fuego, contratos millonarios sin licitación y otras anomalías que presuntamente alcanzan los 500 millones de pesos.


El dispendio, al parecer también desembarcó en Portuaria, a juzgar por los pormenores de la auditoria que explica que desde que se juramentó como director general de Autoridad Portuaria, en agosto del 2016 hasta su salida en el 2020, Víctor Gómez Casanova, tenía asignada una tarjeta de crédito corporativa con un monto mensual de 150 mil pesos y 10 mil dólares.