Cuatro años y cuatro meses después del operativo simultáneo en el que fueron arrestados los primeros imputados del caso Odebrecht, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dictaron sentencias de ocho y cinco años para dos de los seis imputados y absolutoria para los cuatro restantes.


La sentencia, aunque valorada por algunos abogados por el dominio que mostraron las magistrados con relación al expediente, deja un sabor amargo entre quienes esperaban mayor severidad.


Sin embargo, para otros esto era la crónica de una muerte anunciada, con una acusación débil, advertido desde un principio.


Si el Ministerio Público sigue el ejemplo de los fiscales peruanos, quienes fueron a Brasil entrevistaron a los ex gerentes generales de Odebrecht de su país y de esta forma consiguieron los nombres detrás de los codinomes, pudieran iniciar un nuevo proceso con respecto a los 92 millones de dólares en sobornos que la constructora dice haber pagado en República Dominicana.


Igualmente, las autoridades del Ministerio Público brasileño y abogados de los ejecutivos de la constructora indicaron que dichos ex gerentes tienen la obligación de declarar ante los países que así lo requieran solo basta con firmar un acuerdo que no serán enjuiciados.    


Volviendo a la sentencia, esta se leerá de manera íntegra el próximo 25 de noviembre, luego de esto, las partes podrán apelar la decisión, proceso que según estimaciones de especialistas en la materia, podría culminar a finales del 2022, cuando se de una sentencia firme.