El gobierno, sus voceros y sus aliados mediáticos presentan tramposamente el acuerdo final con BARRICK GOLD. En realidad se trata de algo muy mediocre, que deja aún lado reclamos vitales y acepta procesos destructivos ominosos.
Hablan de porcentaje sobre ganancia bruta: antes 37% y ahora 51%, pero no presentan el texto del acuerdo definitivo, que es lo que posibilitaría hacer el cálculo real, que parece alterado en los dos casos. En realidad el gobierno solo recibirá alrededor de un 22%.
Además, focalizan sobre todo el contraste entre lo que se iba a percibir en los primeros cuatro años (de permanecer vigente el adefesio que hizo aprobar Leonel Fernández) y lo que según el actual gobierno se recibirá ahora después de culminadas las negociaciones, en interés de presentar ventajas comparativas que obvian las disminución de las proporciones en años posteriores al 2016.
Verdades insoslayables sobre las enmiendas
En realidad -según la amañada versión oficial- los beneficios de por vida, si se mantiene el precio del oro a 1,600 dólares promedio la onza troy (ahora está por debajo), serían 11,600 millones dólares y el valor del yacimiento podría superar los 50 o 60 mil millones.
El contrato es inconstitucional, nulo, pero en lugar de declarar su nulidad, Danilo Medina y su equipo se conformaron con remendarlo solo en el aspecto concerniente a los ingresos para el Estado, todavía muy limitados en relación con el valor del yacimiento y peor aún si se calculan los daños que provocará esa explotación tal y como ha sido aceptada. Esa actitud complaciente frente a Barrick contrasta con la digna actitud de la sociedad, cuyos méritos en la impugnación de ese contrato infame no deberían traspasarse a este gobierno.
El Estado-gobierno “arrendó” la mina, no posee acciones, no participa en la administración, ni controla costos y calidades; pone toda el agua gratis con graves consecuencia para la Presa de Hatillo. Y el país carga con los graves daños ambientales: depredación, deforestación, envenenamiento con cianuro…
El presidente Medina y sus asesores optaron por no modificar lo que ha provocado el ecocidio acumulado, los impactos destructivos actuales y los daños pendientes que serán mayores, ya traducidos en graves desequilibrios ecológicos y envenenamiento de ríos, subsuelos, flora, fauna y seres humanos.
El gobierno sigue aceptando -violando la ley correspondiente- que la Barrick le pase por encima al Banco Central en todo lo relativo al manejo de los ingresos en divisas. Y, además, le perdonó las multas correspondientes a sus engaños aduanales.
Igual todavía reconoce una inversión abultada no propia de Barrick, que tiene como garantía financiera el valor de los yacimientos de oro, plata y cobre que no son propiedad de este pueblo. (¿Quién invirtió entonces?)
La visión oficial en un tema tan delicado para la vida de la isla, es miope. Es simplemente fiscalista, recaudadora.
La lucha librada no es para conformarse con tan poco. Porque si fuera cierta la propaganda oficial, el logro cantaleteado sería que los ingresos del Estado en caso óptimo crecerían solo en un 14% en todo el periodo de explotación y que también queda eliminado el periodo de gracia de 4 años concedido hasta que Barrick recuperara la inversión, algo atroz de parte de Leonel.
Pero siguen, por decisión de Danilo, totalmente impunes Leonel Fernández y demás estafadores y sigue indefinido el destino de los limitados –y no bien precisados- ingresos consignados en el texto de la anunciada enmienda a ese horrible contrato vigente.
Y siguen intocada concesiones ominosas a empresas socias de Barrick, como es el caso de la Uni Gold, que ocupa 900 mil tareas fronterizas con Haití y cuyo proyecto está llamado a destruir la cuenca del Artibonito y todo el pulmón de esa zona.
Como proceder en este caso
A nuestro entender el tema exige la recuperación plena de la soberanía sobre esos yacimientos y ese territorio, la re-nacionalización de lo enajenado y la decisión democrática, ampliamente consultada, sobre si esa mina puede y debe ser explotada sin costos superiores a sus beneficios.
Exige definir cómo y en qué términos hacerlo en el caso de que los daños puedan compensarse; dejando bien precisado que los beneficios de esa explotación deben ser debidamente manejados en función del desarrollo integral de nuestra nación y especialmente destinados al bienestar colectivo de esa gran parte de nuestra sociedad empobrecida a consecuencia del saqueo capitalista y la corrupción, sin obviar la necesaria reparación ecológica.
Nada de pagar deudas, nada de tapar hoyos fiscales, nada de utilizar esos valiosos y cuantiosos recursos en gastos corrientes, clientelismo y derroches. Hay que invertirlos en el desarrollo humano y obras duraderas y trascendentes.
En caso de ser ecológicamente viable la explotación de esos ricos yacimientos de oro y plata, bien podría el Estado dominicano explotarlos al margen de esa empresa mafiosa (Barrick Gold); explotarlos bajo su exclusiva responsabilidad con las tecnologías disponibles y las debidas garantías ambientales, o incluso asociarse a la Alternativa Bolivariana para los Américas (ALBA) y especialmente a los países mineros de esa alianza: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba… ¡Paso de enorme valor y transcendencia estratégica!