Madrid.- Los obispos españoles se reúnen este martes con el papa Francisco, invitados por el Vaticano, para conocer las conclusiones de un informe que analiza la situación de los seminarios españoles, encuentro que se produce en medio de la polémica por el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos a menores.
La reunión con los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se mantiene pese a que un «problema de inflamación pulmonar» impidiese al papa este domingo rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro.
Un portavoz del Vaticano explicó este lunes que su estado de salud es bueno, no tiene fiebre y su situación respiratoria mejora.
Así, está previsto que el pontífice reciba este martes a los prelados españoles, invitados por el Dicasterio para el Clero y los Seminarios, con el objetivo de abordar las conclusiones del trabajo realizado por los obispos que visitaron los seminarios de España a comienzos de este año.
El encuentro se produce en plena polémica por la publicación de la investigación del Defensor del Pueblo español sobre los abusos a menores cometidos por religiosos, un informe que contenía también los datos de una encuesta según la cual, el 1,13 % de los españoles mayores de edad asegura haber sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.
La CEE insistió en desvincular la reunión de este martes del resultado de esta investigación pero, a pesar de que no está en el orden de día, tampoco es descartable que surja el tema en el transcurso del encuentro.
Preguntado por este, el portavoz de la CEE, César García Magán, reconoció la semana pasada, tras la celebración de la Asamblea Plenaria de los obispos, que era «un hecho singular» y que «no ocurre todos los días que el papa convoque a un episcopado», pero se mostraba tranquilo ante dicha reunión.
Precisamente en esta última Plenaria, los obispos acordaron elaborar un plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia que incluye indemnizaciones económicas, incluso en los casos en los que no haya una sentencia judicial, bien porque el abusador haya fallecido o porque el caso haya prescrito.
En estas situaciones, la Iglesia estudiará caso a caso y «si hay una convicción moral de que ha habido abuso sexual», determinará la indemnización a la víctima.
