CIUDAD DE MÉXICO.- El ejercicio del periodismo en el país se caracteriza por la ausencia de censura o atropellos, lo que afianza la tendencia favorable que vive la profesión, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un informe preliminar que debe ser aprobado el domingo en Ciudad de México durante su 79 asamblea general.
Además, en lo que va de año no se registraron iniciativas legales que amenazaran la libertad de prensa, añade el documento, a aprobar por la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
Por el contrario, indica, el Ejecutivo dominicano muestra una mayor apertura frente a las solicitudes de ciudadanos y medios de comunicación para acceder a información pública, al amparo de la ley al respecto en vigor desde 2004.
Incluso, la Comisión de Ética y Transparencia del Gobierno advirtió de que aplicaría sanciones presupuestarias, tras las denuncias de dilaciones por parte de algunos organismos públicos en el anterior semestre.
Dentro de esta política de apertura desde que asumió el poder hace algo más de tres años, desde el pasado 28 de agosto el presidente dominicano, Luis Abinader, comparece públicamente todos los lunes ante los medios en «La Semanal», a fin de «favorecer el escrutinio de la prensa y la ciudadanía», señala el texto.
Por otra parte, se prevé la presentación ante el Congreso este año de un anteproyecto de ley que garantiza la libertad de expresión y que fue redactado por una comisión especial decidida por Abinader e integrada por periodistas, juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Sociedad Dominicana de Diarios.
Esta iniciativa, que data de julio de 2002, contempla despenalizar la difamación y regular la difusión de noticias falsas en las redes sociales.
Previamente, el Poder Ejecutivo tuvo que retirar del Congreso dos proyectos que afectaban la libertad de prensa con mayores penalizaciones por difamación e injuria, ante las críticas de la prensa.
Pese a la buena situación del ejercicio del periodismo, decenas de informadores y defensores de derechos humanos consideran que son blanco de algún tipo de vigilancia debido a sus actividades.