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El plan B

El plan B
Mario Rivadulla

Todavía reciente el recuerdo de la sostenida campaña internacional desatada contra la República Dominicana por el tema del trato otorgado a los haitianos residentes en el país y su status migratorio.  Alentada perversamente tras bastidores por el entonces presidente de Haití, Michel Martelly y contando con el endoso hipócrita de países de la región que paradójicamente no aceptan la presencia de haitianos en sus territorios, fue significativo el daño provocado a la imagen del país.

Fue entonces que surgió la propuesta, como salida de la situación originada por el fallo del Tribunal Constitucional estableciendo las normas de nacionalidad, de elaborar y aprobar la Ley de Regularización y Naturalización. Si bien aplicable a todos los extranjeros, motivada en especial para buscarle una salida al problema de la cuantiosa presencia de haitianos residentes en el país de manera ilegal.   Era una medida de emergencia y de coyuntura política que, en su momento, se consideró salvadora de la crisis.  El costo de aplicación de la misma subió a una cantidad que se hace cifrar en dos mil 300 millones de pesos, asumido en su totalidad por el presupuesto nacional.

Lamentablemente su aplicación ha quedado coja.  No se tomó en cuenta  las graves deficiencias del casi inexistente Registro Civil de Haití y el desinterés mostrado por sus autoridades para suplir de identidad a sus nacionales residentes aquí de manera ilegal, como requisito indispensable para acogerse al plan.

Así dos años y meses después de haberse aprobado la ley y extendido el plazo original para acogerse a la misma, la cantidad de haitianos indocumentados que ha podido cumplir con los requisitos que establece la misma es de apenas un tres por ciento, menos de ocho mil, de más de 230,  mil que es el monto que ha aplicado para la misma.   Son datos oficiales ofrecidos por el  Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, bajo cuya jurisdicción opera la Dirección General de Inmigración.

Ahora el plazo se ha extendido por otro año a solicitud de distintas agencias que dan asistencia y respaldo a la inmigración haitiana en el país sin descartar cierta dosis de presión foránea que siempre hemos padecido en este caso.  Es la segunda extensión del plazo,  pese a los reparos de distintos juristas que consideran la medida violatoria a la ley y la Constitución.  Es de nuevo, por consiguiente, una coyuntura donde por encima del aspecto jurídico prevalece una medida política. Esta, obviamente, busca frenar el resurgimiento de una nueva campaña de presión y descrédito para el país en el plano internacional, que siempre está latente, lo que unido al escabroso tema de la corrupción desatado por el escándalo de la Odebrecht, haría más difícil la situación de acoso que padece el  gobierno.

Ahora bien…realidad por medio que no puede ignorarse: si hasta ahora en más de dos años  el gobierno haitiano no ha logrado ni mostrado mayor interés, pese a sus reiteradas promesas en sentido contrario,  de dotar de identidad a los acogidos al plan, indispensable para que puedan regularizar su status migratorio en el país…¿qué garantías o posibilidades hay de que pueda hacerlo dentro de este nuevo plazo de extensión, cuando es lo cierto que Haití continúa adoleciendo de la falta de  un factor tan esencial como es el Registro Civil?

¿No es  más que probable que a la luz de esa realidad,  una vez finalizado este año adicional que se acaba de otorgar,  la situación siga siendo la misma que al presente?  En tal caso…¿cual será la decisión a tomar?  ¿Otra nueva extensión  del plazo, o se aplicarán las normas migratorias vigentes e incumplidas en este caso, de repatriar a los haitianos ilegales enfrentando todas las consecuencias que pudieran derivarse del ejercicio legítimo y soberano de esa decisión?

Al margen, queda la realidad de la al parecer fácil clonación de los carnés que se han estado entregando.  Esos carnés lo mismo se venden que se alquilan, una posibilidad que por lo visto no se tuvo la precaución de considerar al momento de imprimirlos, lo cual frustra el propósito de mantener un control, aún mínimo,  sobre la inmigración proveniente del otro lado de la inexistente frontera con el empobrecido territorio vecino y su infortunada población.

Al expresar estas inquietudes no lo hacemos con ánimo de aguar la fiesta ni echar el clásico jabón en el sancocho, sino con la simple y legítima preocupación, basada en la experiencia registrada hasta el presente, de estudiar y disponer con tiempo de un “plan b” alternativo, para que después no tengamos que improvisar soluciones a la carrera en un tema de tan delicada importancia.  Se trata simplemente de aplicar la vieja y sabia máxima de que “prevenir es mucho mejor que tener que  lamentar”.

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