Por tercera vez consecutiva, el Consejo Nacional de Migración se ve compelido a la inútil, costosa e inconstitucional medida de postergar el plazo para completar los datos de identidad requeridos para la regularización de los extranjeros en situación migratoria irregular, que se acogieron a las facilidades conferidas por ley para adquirir un estatus legal en la República Dominicana.
La razón, la situación dos vencimientos después sigue siendo igual que la del primero: de 250,241 extranjeros que se acogieron al beneficio, apenas 7,838 han completado los requerimientos. Los demás aguardan por el espaldarazo que no se acaba de producir por parte de las autoridades haitianas, que tienen que proporcionar a sus nacionales los documentos de identidad imprescindibles para regularse en cualquier otro país.
Hay una razón ancestral, culturalmente el haitiano ha vivido fuera de registro alguno y las masas empobrecidas y analfabetas, las de mayor propensión migratoria hacia la RD, existe el tabú de que una fotografía extrae el alma, lo que lleva muchas veces a atribuirle un nombre inventado al retrato para que el alma permanezca con el nombre real; pero también en las autoridades hay una razón de Estado: no quieren que República Dominicana levante la bandera de haber regularizado a cerca de 300 mil haitianos, porque la suma es ínfima frente a la carga migratoria que aspiran a colocar sobre nuestro país.
Único país del mundo que aprobó conferir la nacionalidad a todas las personas que tuvieran asentadas en su registro civil con documentos no reconocidos por las normas vigentes desde el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007, sin embargo, recibió por respuesta a tan generoso gesto el escarnio de las potencias que siempre han aspirado a cubrir su falta de compromiso con el progreso del pueblo haitiano, colocando toda la carga sobre los hombros dominicanos, porque para la ejecución de esa medida se partió de una auditoría del Registro Civil, lo que daba una medida de control, y por eso era antipática, porque se quería que el otorgamiento de nacionalidad fuera abierto y sin ningún tipo de rasero.
Las embajadas de Estados Unidos y de la Unión Europea, propalaron la especie de que se negaba conferir la nacionalidad dominicana a personas que figuraban en el Registro y alegaron tener cientos de casos, por los que se les habilitó una oficina en cancillería para que los llevaran, y todavía se aguarda por ellos.
No hay interés en que prospere el Plan de Regularización de Extranjeros porque ese es otro mecanismo de control, porque así el país no encuentra asidero para las deportaciones masivas, y se ve en la obligación de mantener en su territorio a personas que sencillamente han ido a presentar un nombre inventado y que difícilmente logren completar la documentación.
Con esa entretención el costo del plan supera los 2,350 millones y con la extensión va por más a cambio de nada, mientras la presión migratoria sobre el país continúa en aumento y el número de parteras haitianas en muchos hospitales supera a las dominicanas en una maniobra dirigida a convertir cualquier iniciativa de control de las autoridades nacionales en una crisis humanitaria.
Si el Estado dominicano no comprende de una vez y por todas que enfrentamos un problema que solo les duele y les afecta a los dominicanos, se seguirá abonando en el caos y auspiciando lo que tarde o temprano puede derivar en catástrofe.