El presidente Lasso agradece el apoyo de la OEA a la democracia en Ecuador

Ese artículo también establece que, "para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo".

Quito.- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, agradeció este domingo el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la democracia en el país andino.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Lasso agradeció el pronunciamiento «en apoyo irrestricto al respeto de la democracia y de la estabilidad política e institucional del Ecuador».

«Los ecuatorianos quieren estabilidad para prosperar», señaló en el mensaje en el que copió el trino de la OEA sobre la situación en Ecuador.

APEGO A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

La Secretaria General de la OEA indicó que ha venido siguiendo los últimos acontecimientos en Ecuador.

«Al respecto, -dice- en el marco de los instrumentos juridicos interamericanos, la Secretaria General expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales».

En este sentido, la Secretaria llamó a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional, a la vez que reiteró su disposición permanente a la cooperación con el país.

ASAMBLEA NACIONAL

El pronunciamiento se dio un día después de que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobase el Informe de una Comisión, que investiga supuestos actos de corrupción que involucran a un círculo cercano a Lasso, y que recomendó el enjuiciamiento político de censura al mandatario.

Un total de 104, de los 125 asambleístas presentes en la sesión aprobaron el informe en la sesión que tenía como tema exclusivo el debate del informe de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la corrupción en el caso denominado «Encuentro», también conocido como «El Gran Padrino».

La votación abrió paso para que un legislador presente la solicitud del juicio político de manera formal, para lo que requiere el respaldo de, al menos, 46 legisladores.

Lasso considera que el informe aprobado el sábado carece de sustento lógico, probatorio y jurídico».

«No obstante, he dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía de Ecuador para esclarecer cualquier duda», escribió Lasso en su cuenta de Twitter.

Y adjuntó a su mensaje una carta dirigida a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

En ella señala que, una vez que la Asamblea aprobó el Informe recomendando su enjuiciamiento político por una supuesta «comisión por omisión» de «delitos de ‘cohecho, peculado (malversación) y concusión’ y que, entre las recomendaciones consta remitir el mismo a la Fiscalía, le solicita «que desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita».

Opinó que la acusación de la Asamblea «se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de probar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica».

INVESTIGACIÓN

El pasado miércoles, con seis votos a favor de la moción y uno en contra, la Comisión recomendó que el pleno del Parlamento interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados.

Estos actos giran en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, que fue archivada.

La resolución se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de un juicio político al presidente por delitos «contra la seguridad del Estado» o por «concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito».

Ese artículo también establece que, «para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo».