Miguel Guerrero.
La sentencia de cárcel a ejecutivos de una multinacional hotelera española en Bávaro por una litis comercial, es una de las tantas barbaridades que vemos a diario como reflejo de la grave falta de garantía jurídica existente. Aunque esa decisión sea rectificada, el daño a la imagen del país es irreversible. Por esa tradición de inseguridad, se me ocurre que el nuevo presidente, cualquiera sea el ganador de las elecciones, debería confirmar en sus cargos por seis meses o un año a por lo menos tres funcionarios de áreas muy sensibles, como son los de la Corporación de Empresas Estatales Eléctricas, Impuestos Internos y el Banco Central de la República, que inspiran mucha confianza.
El temor de sectores de la industria, la banca y el comercio es que sea Hipólito Mejía o Danilo Medina el ganador, las primeras decisiones comprometan la estabilidad macroeconómica, disparen la prima del dólar y el euro y sumen al país en una crisis de inseguridad. La incertidumbre resultante paralizaría la inversión y provocaría el cierre de empresas con derivaciones muy inquietantes. No son pocos los que creen que en el caso de Mejía, la agria rivalidad política activaría otros resortes del poder para hacer que esa sensación de desconfianza, bien promovida, termine siendo una realidad, si no se alcanzaran a prever las consecuencias de sus primeras señales.
En otras palabras, el próximo gobierno debe entender la importancia de garantizar aquellas decisiones y políticas que puedan preservar la confianza que genera un estado de derecho. La confirmación en sus cargos por algún tiempo de los funcionarios de las tres áreas citadas ayudaría a decirle al mundo empresarial nacional y extranjero que la llegada de otro grupo al Palacio Nacional no significa un rompimiento total con lo que había. La continuidad del Estado es un principio básico del buen gobierno.
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