El régimen político dominicano

Leonel Fernández y su equipo se propusieron –y lo lograron en buena medida- mutar el régimen bi y tri partidista a una especie de dictadura institucional con base constitucional readecuada para esos fines.

Combinando las características del oficialista Partido de la Liberación Dominicana-PLD como fuerza disciplinada, verticalmente estructurada y dirigida con métodos autoritarios, con la amplia mayoría congresual alcanzada y los enormes recursos económicos atesorados, y con el uso y abuso del poder del Estado… esa facción diseñó y aprobó una nueva Constitución a la medida de ese propósito político; para a partir de su vigencia concentrarse en el asalto “electoral” a un Senado con súper-poderes para conformar las llamadas  Altas Cortes, la Junta Central Electoral-JCE, la Cámara de Cuentas y hacer un uso adecuado del Congreso en su totalidad, del Consejo de la Magistratura y de otros mecanismos institucionales.

Lograda esa meta con fines de blindaje y de control de todas las instituciones conformadas por elecciones y selecciones viciadas, Leonel cerró la camisa de fuerza institucional bajo su mando y bajo la hegemonía de la cúpula PELEDEÍSTA.

Esto adicionalmente contó con planes específicos para dividir y secuestrar el disminuido Partido Reformista Socialcristiano-PRSC (balaguerista), para cooptar el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO- PRD institucional (facción minoritaria de Miguel Vargas) y para entrampar y degastar al sector mayoritario de Hipólito Mejía que tenía cierta capacidad competitiva frente al PLD; facilitando en perspectiva el reinado casi absoluto de la cúpula del PLD sobre las degradadas y corrompidas instituciones republicanas.

El plan global falló en un punto sumamente importante al verse imposibilitado Leonel Fernández de permanecer al frente del poderoso Poder Ejecutivo y verse forzado a aceptar e impulsar, contaminándola en grande, la candidatura de su principal adversario al interior del PLD: Danilo Medina Sánchez

Esto lo obligó a conformarse con la Vice-presidencia en favor de su esposa Margarita Cedeño y a aceptar el trago amargo de Danilo Medina en la Presidencia, lo que ha dado lugar a una dictadura institucional compartida entre la facción leonelista que conserva el control de la cúpula del partido y una parte de las instituciones estatales, y la facción danilista que desde el Poder Ejecutivo procura reducir moderadamente el poder de Leonel al interior del partido morado y de las instituciones del Estado.

Eso le ha permitido a Danilo Medina lograr limitados avances en esa dirección, pero sin que todavía manifieste determinación a dar la pelea a fondo contra Leonel y contra su corporación política-económica; lo que conllevaría asumir la dura tarea de romper al pacto de co-participación en el gobierno y facilitar el encausamiento de la claque corrupta y de su jefe omnímodo, antes de que logre reciclarse y reponerse del enorme descrédito y de la presión popular que pide su cabeza. La tendencia oficialista no parece inclinada a una ruptura que comprometa la unidad del PLD, y eso en cierta medida la entrampa.

El vórtice de la competencia entre las fuerzas del sistema y la política dominación se ha desplazado al interior del PLD y al seno de la dictadura institucional que controla ese partido, en la misma medida en que lo que queda del PRSC está bajo su total control y en tanto el otrora potente PRD se debate entre una facción cooptada y comprada por el propio PLD y una facción entrampada y fuera de la “legalidad electoral” del sistema.

Los partidos garrapatas no cuentan y las llamadas opciones electorales emergentes, con escaso contenido alternativo, no se han podido desplegar en grande por el contrapeso de sus políticas timoratas y  extremadamente electoralistas.

El grupo que ha avanzado un poquito en esa dirección es Alianza País-AP presidida por Guillermo Moreno, pero todavía muy lejos de generar un torrente ascendente e irreversible. El crac definitivo del PRD podría favorecerlo en mayor medida, pero siempre dentro de los límites que impone aceptar sin impugnar la una dictadura institucional con evidente capacidad de generar su propio relevo y de crear la oposición conveniente o funcional a su imperio.

El hecho de AP autodefinirse como “centro-progresista”  y de moverse dentro de los parámetros legales del sistema, sin vocación de impugnación de la dictadura institucionalizada y el modelo neoliberal en su conjunto y sin determinación de crear poder de calle tiende a convertirla en un sector político-electoral funcional al sistema, independiente de sus avances y/o retrocesos en lo que queda del periodo hasta el 2016.

Quebrar ese régimen político, esa dictadura institucional, resquebrajar su blindaje, desestabilizarla, cambiando la correlación de fuerza en favor de quienes la confronten y poniendo en el centro de las luchas la necesidad de la Constituyente popular es un objetivo clave romper el círculo vicioso y viciado que ha dominado la política nacional en las últimas décadas.