REDACCIÓN.- En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público que Odebrecht había admitido el pago de sobornos a altos funcionarios en países de América Latina y África, información que remeció las estructuras de la clase política y gubernamental de las naciones donde operó la empresa brasileña, cuyas repercusiones aún continúan y en algunos casos recién empiezan.
Se trataba de la corroboración de que las actividades ilícitas de las constructoras investigadas en Brasil por el caso Lava Jato habían trascendido las fronteras y se extendían a otros territorios. En la nación brasileña las pesquisas se iniciaron en marzo de 2014 y uno de sus momentos cumbres fue el arresto y reclusión de Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía, quien tuvo que acogerse a la delación premiada (colaboración) para tratar de reducir su condena.
En Perú, el Ministerio Público ya tenía algunas investigaciones en proceso, originadas en revelaciones periodísticas un año antes, en relación a presuntos pagos de sobornos por las obras vía Interoceánica Sur y la planta de tratamiento de agua de Huachipa, la primera adjudicada a Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo y la segunda, a Camargo Correa en el de Alan García.
A casi dos años de la confesión de la compañía Odebrecht, cabe preguntarse sobre la actuación de las fiscalías o procuradurías generales al respecto. En el siguiente especial del equipo de ‘Investiga Lava Jato’ podrás encontrar algunas respuestas sobre la situación en cinco países de la región.
República Dominicana: las pesquisas a implicados avanzan a paso lento
El Ministerio Público asegura haberlos vinculado al proceso tras un acuerdo con Odebrecht, que le permitió a la empresa brasileña seguir operando en el país. A cambio, las autoridades dominicanas accedieron a documentos de la compañía fundada en Salvador de Bahía, Brasil, hace 74 años.
Los fiscales dominicanos también se han valido de confesiones (delaciones premiadas) de ejecutivos de la constructora ante la justicia brasileña.
“Faltó haber obtenido información de otras fuentes, como la fiscalía de Brasil, Panamá, Perú, y entrevistas e interrogatorios que permitieran corroborar información de las delaciones premiadas”, sostuvo Carlos Pimentel de Participación Ciudadana, organización que representa el capítulo local de Transparencia Internacional.
El expediente no cuenta con información alguna de bancos extranjeros, como Andorra o Panamá.
Para Pimentel, “era necesario que Odebretch entregara otras informaciones establecidas en el acuerdo, firmado por la Procuraduría y la empresa, relacionadas con la ruta del dinero y los medios de pago”.
Según las trayectorias profesionales de los fiscales que llevan el caso, 12 de 16 de ellos cuentan con experiencia en casos de corrupción, lavado de activos o fraude bancario. Dos fueron nombrados recientemente como titulares de las fiscalías más importantes del país, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
“El problema se origina en quien dirige la investigación y quien tiene la responsabilidad en la Procuraduría”, apuntó el director ejecutivo de Participación Ciudadana.
Añadió que “por sus vínculos políticos partidarios, constituyen un obstáculo y obstruyen cualquier tipo de investigación que se pueda conducir al interior del Comité Político del PLD (Partido de la Liberación Dominicana), el partido de gobierno”.
El 66% de los 92 millones de dólares pagados en sobornos se pagó después de agosto de 2012, durante el primer período presidencial del presidente Danilo Medina.
La audiencia preliminar en la Suprema Corte se inició el 6 de julio pasado, tras ocho meses de indagaciones que culminaron con la acusación formal. Sin embargo, dicho proceso ha sido interrumpido con numerosos incidentes, incluyendo cuatro recusaciones al juez y aún el Ministerio Público no ha presentado las pruebas depositadas junto a la acusación, para determinar quienes irían a un juicio de fondo.
La continuación de la audiencia preliminar está pautada para el 29 de noviembre próximo.
Colombia: fiscal general conocía sobre actos turbios de Odebrecht desde 2015
Desde agosto de 2016, el abogado Néstor Humberto Martínez Neira es Fiscal General de Colombia, elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Entre las investigaciones que lo esperaban en su despacho estaban los sobornos de la firma brasileña Odebrecht, pero se declaró impedido para conocer el caso debido a que fue apoderado de una de las empresas implicadas.
Lo que Martínez nunca dijo es que para ese momento, y desde un año atrás, ya conocía sobre actividades presuntamente ilegales de Odebrecht, no lo denunció y, por el contrario, pidió ocultarlas. Hoy se sabe de esta situación gracias a una entrevista póstuma de Jorge Enrique Pizano, auditor de uno de los contratos, y otras grabaciones reveladas por varios medios de comunicación en los últimos días.
La relación que se conoce del actual Fiscal General con Odebrecht parte de sus negocios privados. Martínez Neira ha sido abogado de cabecera de importantes personajes del sector privado del país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, quien es dueño del holding empresarial Olcsa, que a su vez controla Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras socia de Odebrecht para la concesión de una obra de infraestructura vial llamada Ruta del Sol.
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México: investigación estancada a pesar de las evidencias
La constructora brasileña ha presentado al menos tres propuestas a la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se compromete a cooperar para esclarecer los sobornos que pagó en México, además de ofrecer una indemnización por los daños ocasionados en la petrolera estatal Pemex (Petróleos Mexicanos).
Sin embargo, la PGR ha rechazado tanto el acuerdo con Odebrecht como con la Fiscalía de Brasil para obtener la documentación que podría aclarar el involucramiento de políticos y funcionarios mexicanos en la trama de corrupción trasnacional.
La PGR se ha negado a firmar estos acuerdos porque a cambio de la documentación del caso se le exige abstenerse de proceder legalmente contra los ex directivos de Odebrecht que han colaborado con la justicia brasileña.
Es el caso, por ejemplo, de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México y negociador de los sobornos en Pemex, quien actualmente tiene la condición de colaborador (delator premiado) en Brasil. Pese a haber cometido delito, Weyll no podría ser juzgado en México si la PGR aceptara el acuerdo de inmunidad que piden tanto Odebrecht como la fiscalía brasileña.
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Perú: nuevo equipo fiscal y prisiones preventivas
A pocas horas de haber juramentado como titular del Ministerio Público, no solo oficializó a los nuevos integrantes del referido grupo de trabajo, también “unificó” en ese equipo a fiscales anticorrupción y contra el lavado de activos, que desarrollaban por separado investigaciones relacionadas a coimas de Odebrecht, de otras constructoras brasileñas, así como de sus consorciadas, y de aportes de campaña electoral.
De esa manera, el fiscal superior Rafael Vela Barba fue designado como nuevo coordinador del Equipo Especial, en reemplazo del magistrado Hamilton Castro, quien había empezado a investigar los primeros indicios de corrupción de compañías de Brasil en junio de 2015, tras las revelaciones de Convoca.pe y BRIO en base a documentos de la operación policial Castillo de Arena referida a pagos de sobornos de Camargo Correa.
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Venezuela: sigue impunidad pese a millonarios sobornos confesados
En todo caso, las investigaciones sobre la constructora brasileña en Venezuela quedaron interrumpidas o resultaron viciadas por el abrupto cambio de mando del Ministerio Público a mediados de 2017, marcado por las pugnas políticas entre un poder adherido a la línea del Ejecutivo y un sector del chavismo disidente.
En agosto de 2017, cuando ya se encontraba en el exilio, la Fiscal General destituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, denunció por primera vez que las pesquisas del caso Odebrecht involucraba al presidente Nicolás Maduro, así como al “número dos” del gobierno, Diosdado Cabello, y al dirigente chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. Manifestó que tenía evidencias de pago de sobornos por parte de Odebrecht a estos funcionarios.
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Fuente: http://investigalavajato.convoca
