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El sicariato: un tercero oficial en la coartada del mundo de la violencia, de la delincuencia y de la criminalidad

El sicariato: un tercero oficial en la coartada del mundo de la violencia, de la delincuencia y de la criminalidad
Fernando Sibilio

Acostumbra con mucha frecuencia, la prensa de pagos y salarios por cuartilla y tertulia, a pasar de lo que es a lo que debe ser, cuando presenta muchos casos de criminalidad, violencia o delincuencia.  Tales son los casos del Coronel de la policía, oficial del Departamento de Asuntos Internos y el del raso del ejército, miembro de la escolta del Presidente.  Los hechos y episodios consumados y siendo como son, se presentan como debieron ser para satisfacción de las autoridades o de los grupos de poder político y social.

Hablamos desde los medios de comunicación de un sicariato, tal cual fuese una categoría criminal y delictiva, cuando la realidad se trata de grupos criminales institucionales, ligados a las fuerzas policiales o a los cuerpos de seguridad del Estado.  Son terceros oficiales en el caso de Jordi Veras, en el caso de los ejecutados del expediente Figueroa Agosto, en el carnet de miembro honorifico de la Policía Nacional de Arturo del Tiempo y en el ascenso de Quirino Paulino Castillo, como Capitán del Ejército Nacional.

Juegan al creador del universo, los medios de comunicación que sirven de amplificadores y de caja de resonancia de las acciones de las autoridades, cuando en un mismo periódico, y con horas de por medio, se ofrecen al público tres versiones policiales del asesinato del Coronel de la policía y dos versiones distintas de la muerte del raso, miembro de la escolta presidencial.  Una suplantación de los hechos en la prensa.

Creemos, sin ninguna duda, en el derecho de la sociedad a estar protegida en su libertad de estar informada, sin engaños ni confusiones interesadas, con el único objeto de ocultar la violencia pública y privada, que se ejerce desde las instituciones represivas del Estado, para favorecer intereses de los criminales y delincuentes, en el caso del Coronel, o para saldar deudas morales, en el caso del raso de la escolta.

Consignar y tipificar estas y otras acciones como sicariato, cuando en realidad son acciones delictivas y criminales y de violencia organizada, desde las instituciones públicas, es desdibujar el alcance y calado de este fenómeno.  Una prueba más de que este nuevo modelo de poder político, nos envuelve en el viejo y anticuado dilema, de privilegiar las evidencias sobre las pruebas universales, en su avaricia por tener la fama, la imagen y la opinión única, de todo.

Advertir que estas afirmaciones y reafirmaciones de la prensa, son sujetas de rectificaciones implícitas por parte de los lectores, es nuestro objetivo pedagógico en el reconocimiento de las evidencias de los hechos y episodios que presentan los periódicos, los telediarios y las tertulias noticiosas.  Rogamos a los lectores y oyentes verificar el poder de la razón en el hablante o escribiente de las noticias, pero, además, su dominio del lenguaje y la lingüística para comunicar los datos de las noticias.

Mentir sería imposible sin conocer la verdad, porque la verdad es irrefutable, y todo episodio o acción criminal es una afirmación insustituible y explícita de la realidad, pero, también una condición necesaria en la investigación del acto.  Por tanto, resulta una contradicción de manual operativo policial, decir que ningún agente puede matar a una persona, y estar diciendo al mismo tiempo, que la muerte de esa persona fue una acción inevitable o involuntaria en un intercambio de disparos.

Sigue siendo el derecho policial un poder para disponer o de actuar, que se basa en el uso de la fuerza y la violencia del propio agente o efectivo militar.  Por lo cual, es importante y urgente que el poder político busque los controles políticos, jurídicos y sociales, para la energía de ese derecho que tienen los policías y militares.

Pierde la policía ese reconocimiento activo de la sociedad, cuando son los mismos parientes de las víctimas quienes increpan al propio jefe de la policía, en el caso del hermano del Coronel asesinado.  Un reduccionismo y un eructo del poder, socialmente impresentable, en virtud de las prendas de servicio que distinguían a un oficial, que rechazó un soborno, que impartía docencia para completar el sueldo, y que se dedicaba a otras labores docentes y decentes, con el fin de sortear la calamidad de su salario.

Matar el buen ejemplo, porque es impresentable en la institución.  Un oficial insobornable.  Pasa a ser un anhelo privado disponer de un policía correcto, dado que el Estado es incapaz de proveerlo a la sociedad, pero, peor aún, se confabula y conspira contra quienes actúan correctamente, como en el caso del oficial de aeronavegabilidad del instituto de Aeronáutica Civil, asesinado también por actuar en forma correcta.

Descansar en la dignidad del derecho en este modelo político, sin insistir en la inquietud de defenderse, es una omisión imperdonable de cualquier ciudadano o grupo social.  Por eso, aunque resulta paradójico, las milicias privadas de Licey Al Medio, en Santiago, y a pesar de su apariencia escandalosa son creaciones humanas, económicas y políticas, como proyectos mancomunados en la construcción de una convivencia municipal pacífica y universalizada, de seguridad y protección.  Dada la insolvencia estatal.

Declarar sin ningún enfado la cancelación de Coroneles, mayores, capitanes, tenientes, clases y alistados, tanto de la policía y las Fuerzas Armadas, como de la Dirección de Control de Drogas y del cuerpo de Seguridad Aeroportuario, por su implicación en el narcotráfico, más, anunciar que oficiales de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad del Estado, pretendían sustituir la red de Figueroa Agosto, sin que estos anuncios tengan ninguna consecuencia en la estructura jurídica, militar, en el Ministerio de Interior y Policía y en el Ministerio de la Presidencia, es verdaderamente espantoso.

Vivimos un modelo político, jurídico y social, donde los delincuentes y criminales están protegidos por las mismas leyes y derechos que han calculado, antes de cometer sus fechorías gracias a la generosidad de quienes permanecen en la nebulosa de los intereses que controlan el poder político y sus poderes operativos, y con los cuales los gabinetes criminales del poder conservan su especie económica y categoría social, llena de dignidad.

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