El Supremo de Brasil decide que la justicia electoral puede juzgar corrupción

Brasilia.-La Corte Suprema de Brasil decidió este jueves que la justicia electoral, considerada menos dura que la penal, prevalecerá en los casos que impliquen tanto financiación ilegal de campañas políticas como asuntos de corrupción.

La decisión fue adoptada por un ajustado margen (6-5) y fue en respuesta a una acción promovida por la defensa del excalcalde de Río de Janeiro Eduardo Paez, implicado en un único caso en ambos asuntos y que exigía que primara la justicia electoral en vez de la penal.

Esa visión contraría lo aplicado en los últimos años en el marco de la operación Lava Jato contra la corrupción, la cual destapó una vasta trama de irregularidades en torno a la estatal Petrobras, que sirvió tanto para financiar campañas electorales en forma ilegal como para enriquecer a decenas de políticos y empresarios.

La apretada mayoría respaldó la posición del instructor del proceso, Marco Aurelio Mello, quien subrayó lo «tenue» de la línea que separa la práctica de «Caja B», que consiste en ocultar recursos obtenidos para una campaña, de un claro delito de corrupción.

Mello, así como otros cinco magistrados, sostuvo que si existe un delito relacionado con comicios, el caso deberá ser juzgado en primer término por la Justicia electoral, especializada en esos asuntos y que, si lo considerase necesario, separaría los cargos y enviaría a lo penal lo relativo a prácticas corruptas.

La posibilidad de que la Corte Suprema adoptara esa decisión ya había generado críticas, debido a que en Brasil se considera que la Justicia es mucho más dura en la esfera penal, en tanto que en los tribunales electorales, por su propia naturaleza, son más blandos y tienden a establecer sanciones pecuniarias y administrativas.

La Procuraduría General se había manifestado a favor de que tenga prioridad la justicia penal, una idea que comparte el ministro de Justicia, Sergio Moro, quien como juez fue uno de los promotores de la operación Lava Jato y llevó a prisión a importantes políticos, entre los que figura el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los responsables de la Lava Jato ya habían alertado de que una decisión como la adoptada este jueves podría suponer «el fin» de la operación, pues muchos procesos aún en curso pudieran tener que ser remitidos a la justicia electoral.

Asimismo, han sugerido que existiría la posibilidad de que otros juicios ya concluidos en la esfera penal sean anulados, un extremo que este mismo jueves desechó la Fiscalía General, la cual aclaró que «no existe ese riesgo».