El Tribunal Supremo acaba con el plan de Biden para cancelar deuda estudiantil
A finales de agosto del año, Biden anunció que iba a perdonar parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con la Administración federal para poder pagar sus estudios.
Washington.– El Tribunal Supremo de Estados Unidos acabó este viernes con el plan del Gobierno de Joe Biden para cancelar la deuda estudiantil de millones de estudiantes universitarios.
En una decisión de la mayoría conservadora de la corte, y a la que se opusieron las tres juezas progresistas, el tribunal consideró que la Administración de Biden no tenía derecho a aprobar este tipo de medidas.
El plan había sido propuesto por el mandatario demócrata para aliviar parte de las dificultades económicas causadas por la pandemia de la covid-19, pero fue recurrido por fiscales generales de varios estados gobernados por republicanos.
En una decisión escrita por el presidente del tribunal, John Roberts, los magistrados le dan la razón al estado de Misuri, que argumentó que la medida de cancelación de deuda afectaría a los ingresos de un ente estatal que gestiona préstamos para estudiantes.
En este sentido, Roberts explicó que la ley estadounidense permite al secretario de Educación, Miguel Cardona, «hacer ajustes modestos y adiciones a las regulaciones existentes (…), no transformarlas».
Estas modificaciones, según Roberts, crearon «un nuevo plan fundamentalmente diferente para perdonar la deuda».
En una opinión de disentimiento escrita por la jueza Elena Kagan y apoyada por las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, las tres magistradas progresistas defienden que «en todos los aspectos, el tribunal hoy sobrepasa su papel adecuado y limitado en el Gobierno de nuestra nación».
A finales de agosto del año, Biden anunció que iba a perdonar parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con la Administración federal para poder pagar sus estudios.
Sus oponentes habían argumentado que el plan supondría un costo de 400.000 millones de dólares para el erario público durante los próximos 30 años.
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