El embarazo en adolescentes sigue representando cerca de uno de cada cinco partos en el país (18.88 %).
Por: Olga Montás
La República Dominicana contabilizó 4,286 casos de embarazos adolescentes durante el primer trimestre de 2025, que experimentó una reducción del 4.42 %, frente a los 4,484 casos del mismo periodo de 2024, según el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Entre 2017 y 2025, los embarazos adolescentes del primer trimestre pasaron de un pico cercano a 6,500 casos (2017) a los 4,286 actuales, evidenciando un descenso paulatino, aunque el ritmo de reducción se ha desacelerado en los dos últimos años.
El 94.68 % de los embarazos correspondieron a adolescentes de 15‑19 años (4,058 casos) y 5.32 % (228 casos) fueron de menores de 15 años, un segmento especialmente vulnerable que requiere intervención urgente.
El fenómeno sigue fuertemente marcado por la realidad fronteriza y rural. Pedernales encabeza el ranking con el 26.57 % de sus embarazos pertenecientes a menores de 20 años, seguida de:
Estas cifras muestran la concentración del problema en el noroeste, la franja fronteriza y provincias con menor infraestructura urbana.
Con 2,046 casos que es 47,74% fueron partos vaginales, 43.28% (1,885) fueron cesáreas y un 8.98 % (385 casos) fueron Abortos. 6.65 % más que el año anterior.
El aumento de abortos y cesáreas sugiere desafíos adicionales tanto para la salud pública como para la educación sexual y reproductiva
De los 3,901 partos (sin contar abortos) 70.34 % correspondieron a adolescentes dominicanas (2,744), 29.58 % a haitianas (1,154) y menos del 1 % a otras nacionalidades (3 casos).
La elevada proporción de gestantes haitianas subraya la necesidad de considerar el fenómeno migratorio en las políticas de salud juvenil, sobre todo en zonas fronterizas.
Pese a la leve reducción interanual, el embarazo en adolescentes sigue representando cerca de uno de cada cinco partos en el país (18.88 %).
La concentración en provincias rurales y fronterizas, el alto peso de las cesáreas y el incremento de abortos evidencian desafíos en la educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos, prevención de la violencia sexual y oportunidades socioeconómicas para las jóvenes.
El Ministerio de Salud Pública recomienda reforzar los programas de salud reproductiva y coordinar esfuerzos con educación, protección social y actores comunitarios para sostener —y acelerar— la tendencia a la baja en los próximos años.