Santo Domingo.– En un giro que confirma la magnitud de la crisis eléctrica que vive República Dominicana, el presidente Luis Abinader declaró el sector energético en estado de emergencia nacional, a través del controvertido Decreto 517-25.
La medida permite a las empresas distribuidoras (EDES) realizar compras y contrataciones sin licitación, bajo el argumento de agilizar las respuestas ante los apagones que han dejado a comunidades enteras sin electricidad durante hasta 12 horas al día.
El documento, que incluye 13 considerandos, 7 vistos y 8 artículos, reconoce oficialmente el colapso estructural del sistema eléctrico, apelando a decretos de 2011 y 2013 como precedentes.
Entre los puntos más polémicos se encuentra la liberación de procesos para adquirir bombillos, cables, postes, generación de energía, baterías y hasta servicios de asesoría, todo bajo el paraguas de “emergencia”.
El decreto ha desatado una tormenta política y social. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo lo califican como prueba de que nunca hubo planificación, y temen que se utilice como una “licencia abierta” para ejecutar gastos millonarios sin controles ni fiscalización efectiva.
El experto en energía José Luis Moreno coincidió en que la crisis era previsible. “Faltan licitaciones anuales y previsión de la demanda. Además, hay dos plantas que siguen sin entrar en operación”, denunció.
Incluso Participación Ciudadana, que rara vez se pronuncia sobre temas económicos, emitió un comunicado de urgencia. La organización cívica calificó como “insuficientes” las acciones del gobierno y exigió medidas claras para evitar que este decreto abra las puertas al despilfarro y la corrupción, tal como ha ocurrido en gestiones pasadas con estados de excepción.
La ciudadanía, mientras tanto, sigue a oscuras literal y metafóricamente esperando que las promesas no se queden en papel y que el “apagón” no sea también institucional.