SANTO DOMINGO.- La secretaría de Coordinación de los Juzgados del Distrito Nacional, remitió al Segundo Juzgado de la Instrucción, la resolución en la que se fundamenta la decisión tomada contra Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, y demás implicados en el caso Calamar.
La jueza de ese juzgado, Patricia Padilla, es quien está apoderada de la revisión de la medida de coerción a los imputados del caso Calamar.
El documento, con fecha del 29 de Marzo del 2023, se centra en las consideraciones de la Magistrada Kenya Romero, jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien en este momento del proceso debe evaluar la pertinencia o no de la solicitud de imposición de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La resolución de 114 páginas inicia con la relación precisa de los hechos imputados y calificación provisional, describiéndose los bloques de pruebas anunciados por el Ministerio Público, los cuales son en su mayoría “elementos de tipo testimonial”, con un total de 66.
Luego, el extenso documento describe las pretensiones de las partes procesales que intervinieron, haciendo un apartado especial de los presupuestos aportados por la defensa técnica, que demuestran los arraigos familiares, laborales, comerciales y sociales de los imputados.
En este sentido destacan, por ejemplo, las numerosas notificaciones de salida del país y cartas de certificación del control migratorio del ex ministro Donald Guerrero, cuyos abogados han expresado en varias ocasiones que no representa peligro de fuga y que ha estado dispuesto a colaborar con la justicia desde el inicio de las investigaciones.
En cuanto a las razones presentadas para justificar la prisión preventiva impuesta a José Ramón Peralta y Donald Guerrero, la resolución advierte que, ciertamente, ambos cuentan elementos que prueban “la existencia de vínculos familiares y sociales amplios”.
No obstante, se pasa a señalar de manera escueta que, dado el perfil desempeñado en sus funciones públicas, existe “un riesgo potencial de obstaculizar la investigación y sustraerse del proceso” por parte de ambos ex funcionarios.
Por el contrario, se indica en relación al ex ministro Gonzalo Castillo que “no ha sido aportado ningún elemento objetivo y concreto que haga presumir que se coloque en riesgo las dinámicas de la investigación ni la integridad de los elementos de prueba”.
Finalmente, la resolución expone las medidas impuestas a los imputados, fijando su revisión obligatoria para el próximo 4 de julio, además de declarar el proceso como complejo e informar que las partes involucradas tienen un plazo de 20 días para recurrir la decisión.
