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Empresario español denuncia que Consejo Azúcar dominicano vulnera contrato

Empresario español denuncia que Consejo Azúcar dominicano vulnera contrato
Empresario español denuncia que Consejo Azúcar dominicano vulnera contrato

Juan Francisco Matos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El industrial español Joaquin Martín Montero, presidente de la empresa Azucarera Porvenir, denunció este viernes que el dominicano Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vulneró un contrato con esa compañía al entregarle tierras donde no se puede cultivar caña de azúcar y quitarle otras donde trabaja hace meses.

En un comunicado entregado a Efe, la firma señala que de las 100.000 tareas (unas 6.300 hectáreas) previstas en un contrato de arrendamiento firmado con el CEA, 27.214 (cerca de 1.700 hectáreas) no son aptas para el cultivo de la caña.

También denuncia que otras tierras “plenamente cañeras” han sido excluidas de la relación de terrenos entregados por el CEA “sabiendo que Azucarera Porvenir ha venido realizando en ellas, legítimamente, desde la firma del contrato” diferentes trabajos.

El director ejecutivo del CEA, Juan Francisco Matos, en cambio, dijo a Efe que “es falso” lo denunciado por la empresa y declaró que sus responsables “quieren seleccionar las tierras que a ellos les da la gana”.

El CEA y Azucarera Porvenir firmaron el 22 de septiembre de 2010 un contrato de arrendamiento por 30 años que incluía la entrega a la empresa de 6.000 hectáreas de los ingenios Santa Fe y Porvenir por un precio anual de un millón de dólares.

La compañía, que afirma que ha invertido ocho millones de dólares en el proyecto, sostiene que el CEA no le ha entregado el inventario de los activos que se determinaron en el contrato.

También denuncia que el Consejo ha entregado el 50 % de las tierras del ingenio Porvenir al Grupo Viccini Campollo, integrado por dos de los principales productores azucareros del país.

“Ellos están equivocados”, señaló a Efe el director del CEA, quien aseguró que los responsables de la azucarera “se metieron, ocuparon” los terrenos antes de que el órgano estatal determinara las áreas asignadas.

Sobre las casi 1.700 hectáreas en las que no es posible cultivar caña, según la firma, Matos aseguró que esa superficie forma parte de las 100.000 tareas acordadas en el contrato.

En todo caso, “si no son de su agrado, buscamos un acuerdo”, aseguró, y apuntó una posible reducción del precio del arrendamiento como solución.

“Estamos en la mejor disposición de ayudar y buscar una solución”, indicó el funcionario, quien recordó que el contrato concede dos años de gracia al arrendatario y que el 70 por ciento de la inversión que realice la compañía será reconocido en el pago de la renta anual.

Matos reiteró la disposición del CEA a dialogar sobre la solución a este diferendo, pero “ellos no quieren hablar, sino actuar por la fuerza y a las malas”, apostilló.

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