SANTO DOMINGO.- Que se otorgue la gestión y operación de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) al sector privado sin que antes se estudie el histórico de experiencias similares ni pautar los controles y regulaciones pertinentes que eviten poderes discrecionales a la parte contractual supone un riesgo socio político, advirtieron los miembros de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (Asume).
Por medio de un comunicado explicaron que el problema deficitario de las distribuidoras no se va a resolver liberando de la responsabilidad estatal la gestión de las EDE ya que es un servicio público que el Estado es dueño y responsable de concederlo.
En el comunicado expusieron que “Consideramos que sería más saludable explorar recursos humanos con capacidades competentes que sean dominicanos y conozcan el manejo técnico-administrativo de las distribuidoras”.
Que se privatice la administración arroja resultados positivos siempre y cuando se protejan los recursos del Estado, se apliquen los correctivos legales para quienes incurran en delitos y dolo al erario público, y las contrataciones tanto de generación, servicios, materiales y construcción se realicen ajustadas a la ley de compras y contrataciones. Esto sin olvidar que las tarifas sean reguladas por la Superintendencia de Electricidad (SIE), indicaron los dirigentes.
Dijeron que con la privatización con Unión Fenosa las ventas de materiales eléctricos de las empresas dominicanas cayeron a su más mínimo nivel.
“Incluso el sector construcción de porta contadores y paneles residenciales prácticamente desapareció. La amarga experiencia con la privatización de los aeropuertos (recientemente publicada por un investigador español), donde no han invertido lo que se pactó y se han salido con las suyas…”, indicaron.
A finales de la semana pasada, el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freud, reveló que el Gobierno recibió formalmente una propuesta para que las EDE sean administradas por el sector privado mediante el modelo de alianza público-privada, proyecto sobre el que se viene trabajando durante los últimos meses para Edenorte, Edesur y Edeeste.