En 57 países las mujeres no pueden decir si tienen sexo o no

NACIONES UNIDAS.–  A casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticoncepción o buscar atención de la salud, de acuerdo con el emblemático informe del Estado de la Población Mundial 2021 del UNFPA, que se publicó el día de hoy.

Por primera vez, un informe de las Naciones Unidas se centra en la autonomía corporal, “el poder y la capacidad para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por nosotros”.

Esta falta de autonomía corporal tiene implicaciones enormes más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en lo individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

A través del informe, el UNFPA está midiendo tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado en que la legislación en los países apoya o interfiere con el derecho de una mujer a tomar estas decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

El informe muestra que en aquellos países en los que existen datos disponibles únicamente el 55 por ciento de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a tener relaciones sexuales.

Revela también que solo el 71 por ciento de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales y que el 75 por ciento de los países garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.

“Únicamente alrededor del 80 por ciento de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales y alrededor del 56 por ciento de los países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad”.

“El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos”, afirma la Directora Ejecutiva del UNFPA, la Dra. Natalia Kanem.

“En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros”.

El informe también documenta muchas otras maneras en las que se vulnera la autonomía corporal de mujeres, hombres, niñas y niños, al revelar que:

Veinte países o territorios tienen leyes que obligan a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si se casa con la mujer o niña que ha violado.

Cuarenta y tres países no cuentan con legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja (la violación por parte de un cónyuge).

“Más de 30 países restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar”.

Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto.

El informe muestra cómo los esfuerzos para hacer frente a los abusos pueden conducir a mayores vulneraciones de la autonomía corporal. Por ejemplo, para proceder judicialmente en un caso de violación, es probable que un sistema de justicia penal requiera que la sobreviviente sea sometida a la llamada prueba de virginidad, un procedimiento invasivo.

Las soluciones reales, encuentra el reporte, deben tomar en cuenta las necesidades y experiencias de las personas afectadas. En Mongolia, por ejemplo, las personas con discapacidad se organizaron para compartir directamente con el gobierno sus perspectivas acerca de sus necesidades en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. En Angola, jóvenes educadas acerca de sus cuerpos, su salud y sus derechos han podido buscar servicios de salud, usar la planificación familiar, negarse a tener relaciones sexuales y exigir justicia después de actos de violencia sexual.