Aparentemente después que el pleno de la JCE y los delegados de los distintos partidos políticos registrados en la misma acordaron sostener reuniones semanales a partir del entrante mes de junio, se abre la alentadora perspectiva de que en lo adelante el proceso vuelva a su cauce normal y pueda navegar en aguas más tranquilas, después de las turbulencias registradas en torno a temas de alto contenido polémico como la celebración de las primarias, la conformación de las juntas municipales, las pugnas intrapartidarias y el mucho más debatible del voto preferencial en 26 provincias y el de arrastre en las 6 que cuenta con mayor cantidad de votantes.
Este último se encuentra transitando ahora por las vías judiciales que le franquea la propia ley, cuyo fallo será acatado por la Junta según ha adelantado su presidente Julio César Castaños Guzmán. Pero antes de emprender ese camino dio lugar a todo un vendaval de ácidas críticas contra el fallo del organismo, y de manera desmesurada inclusive contra la honorabilidad de los miembros del pleno, por consiguiente de su credibilidad, y por extensión del proceso electoral.
La celebración de unas elecciones ordenadas, participativas y transparentes que sean reflejo fiel de la voluntad del electorado y contribuyan a fortalecer nuestro debilitado sistema democrático, es un compromiso que tienen que asumir de forma compartida tanto la Junta organizadora del mismo como los partidos políticos que contenderán por el poder.
Cuanto ponga en riesgo de duda o debilite de alguna forma la credibilidad del proceso, va en perjuicio de todos sus actores, tanto la Junta como las agrupaciones participantes, pero sobre todo de la estabilidad política del país.
De ahí la importancia de este acercamiento y reuniones semanales entre el pleno del organismo electoral y los partidos, así como cuantas más veces sea requerido, dentro de un clima propicio a la búsqueda de soluciones de los conflictos y diferencias que puedan presentarse, que en su mayor parte pueden ser superados por vía del diálogo tal como expresó el presidente del organismo. Para lo que exceda de esa posibilidad quedan abiertas las instancias y recursos establecidos en la propia ley, desde el Tribunal Superior Electoral hasta el Constitucional.
Estamos ya a solo nueve meses de las elecciones municipales y un año de las presidenciales. Van a ser las más complejas que se hayan celebrado en el país, con posiblemente veinte mil o más aspirantes a cubrir unos cinco mil cargos. Serán también las más nutridas en cuanto a la cantidad de ciudadanos con derecho al voto. Compromiso de todos es hacer que este pueda ejercerse de manera libre y espontánea, y que sea en definitiva el que prevalezca para expresar la voluntad mayoritaria del país.