Bogotá, Colombia.- Un total de 248 líderes y defensores ambientales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado este jueves, que señala que el 89 % de las víctimas eran indígenas, afrodescendientes y campesinos.
«En Colombia defender el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible y los derechos vinculados a la defensa de la tierra y del territorio conlleva un alto riesgo a la vida y la integridad personales», señala el documento, publicado en vísperas del comienzo de la COP16 de Biodiversidad que se celebrará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre.
Entre enero de 2016 y septiembre de 2024 la ONU verificó 248 casos de asesinatos de defensores ambientales, de los cuales 220 eran hombres y 28 mujeres.
«El 89 por ciento de los homicidios documentados fueron de personas defensoras indígenas, afrodescendientes y campesinas, lo cual evidencia el impacto desproporcionado de la violencia en los pueblos y comunidades que habitan los territorios más biodiversos y que defienden la naturaleza, los recursos naturales, sus tierras, territorios, formas de vida y cultura», agregó el organismo.
En los últimos años, además, se «ha observado un incremento en los homicidios de personas defensoras del medioambiente». Mientras que en 2016 fueron asesinadas 14 personas, en 2023 fueron asesinadas 44, el año más mortífero.
En lo que va de este año, ONU Derechos Humanos ha verificado 15 asesinatos y se encuentra verificando otros 10.
Según las cifras de la ONU, la región del Pacífico es la más mortífera, con 138 líderes ambientales asesinados; seguida de la Amazonía (24), la Orinoquía (21), el Caribe (9), el Magdalena Medio (8) y el Eje Cafetero (6), entre otros.
La defensa de la tierra es el ámbito de mayor riesgo para la protección del medio ambiente y sus derechos relacionados, ya que constituye el 49 % de los casos de homicidio, seguido de los defensores del derecho al agua, los que denunciaban los impactos relacionados con la explotación minera y los conflictos socioambientales en el que intereses empresariales estaban involucrados.
También fueron asesinados líderes que denunciaban la deforestación, la contaminación y el impacto de proyectos hidroeléctricos; que promovían la agricultura sostenible y la protección de los parques naturales, que defendían ecosistemas específicos, que se oponían al ‘fracking’ y que ejercían diversas labores de protección del medioambiente.
En cuanto a los presuntos perpetradores de los homicidios, en el 66 % de los casos fueron grupos armados ilegales, en el 8 % una persona particular, en el 4 % un grupo de interés económico y político local y en el 3 % de los casos la fuerza pública, entre otros.
Además de los asesinatos, los defensores ambientales en Colombia «enfrentan una amplia gama de violaciones relacionadas con su labor», ya que los homicidios «suelen estar precedidos por una serie de amenazas y ataques que se intensifican con el tiempo».
Estas amenazas incluyen «intimidaciones, actos de seguimiento, hostigamiento e incluso agresiones físicas y tentativas de homicidio», que se materializan en «panfletos amenazadores, el uso de redes sociales que amenazan o estigmatizan a los defensores, mensajes de WhatsApp y llamadas intimidantes, así como vigilancia y seguimientos».
Todo esto genera «un clima de terror e inseguridad» que dificulta su trabajo o incluso que les empuja a tomar la decisión de «silenciarse, salir temporalmente del territorio o desplazarse», dejando «un vacío en las comunidades de las que son parte».
Por último, entre otros factores de riesgos señalados por la ONU que propician esta situación, está la fragmentación de las competencias de las autoridades y entidades ambientales y, en general, la descoordinación y debilidad institucional. A lo que se suma la impunidad frente a los casos de violencia contra defensores ambientales.