Según los datos del informe, al cierre de 2017 Costa Rica tenía 10.927 espacios carcelarios y una población penitenciaria de 14.223 personas, para un hacinamiento del 30 por ciento.
«De los datos anteriores, se puede afirmar que el sistema penitenciario costarricense continúa en crisis, y se debe seguir con los esfuerzos para disminuir la sobrepoblación», se indica en el documento.
Los expertos del Mecanismo de Prevención de la Tortura alertaron que los jueces siguen aplicado «de manera generalizada» la medida cautelar de prisión preventiva, lo que agrava la situación en las cárceles.
«El hacinamiento por si solo produce tratos degradantes a la población privada de libertad, se reducen los servicios y se minimiza el objetivo de las sentencias penales como lo es procurar la reinserción de las personas privadas de libertad», expresa el informe.
El Mecanismo alertó a las autoridades del Estado costarricense de que «desde hace siete años los centros institucionales viven en hacinamiento» y «las acciones para solucionar el problema no han sido sostenibles».
Otro dato que preocupa al Mecanismo, que forma parte de la Defensoría de los Habitantes, es que el 57 % de la población privada de libertad tiene menos de 35 años, mismo rango de edad del 60 % de los condenados en la última década.
El texto señala como los principales «obstáculos» para una atención adecuada de los presos la sobrepoblación, el hacinamiento, la ausencia de infraestructura adecuada para alojar a la población privada de libertad indiciada y sentenciada y, la falta de recurso humano profesional y de seguridad.
El informe también afirma que en Costa Rica no existe una política de prevención del delito y que algunos cuerpos policiales, principalmente los municipales, no están adecuadamente capacitados en materias como derechos humanos.
«El número de funcionarios profesionales y de seguridad de los centros institucionales no creció en forma proporcional con el aumento de la población penitenciaria, y en los últimos diez años ha existido un rezago en la construcción de infraestructura penitenciaria, la cual tampoco creció en forma proporcional», agrega el documento.
