Alienta la seriedad con que voces del episcopado católico y las iglesias evangélicas, así como de importantes sectores sociales y políticos y de los medios de comunicación han tomado las recientes presiones, calumnias, hechos agresivos y amenazas contra la independencia de las altas cortes judiciales provenientes de quienes controlan el poder y parecen empeñados en socavar la institucionalidad democrática, probablemente alentados por la constante histórica de “la maldita reelección” por encima del orden constitucional.
El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, marcó la pauta al deplorar la embestida contra el Poder Judicial por parte de quienes controlan el Estado, advirtiendo que si no despertamos terminaremos en una dictadura. Mientras el Obispo de Baní, Víctor Masalles, alertaba que cuando la democracia se agrieta, por sus intersticios “puede colarse una odiosa dictadura”. Y el Obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, deploró la falta de independencia de la justicia y “el apabullamiento de los políticos que quieren controlarlo todo”.
Es significativa la relevancia que han dado los periódicos nacionales a la reciente ofensiva contra la independencia del Tribunal Superior Electoral, y que los principales, HOY y Listín Diario, hayan publicado dos editoriales cada uno, rechazando la presión gubernamental sobre el tribunal encargado de dirimir conflictos electorales y políticos. El primero lo deploró el sábado “En la inminencia de un proceso electoral ya crispado por premoniciones de súbitas reformas a las reglas del juego para extraer de sepultura la históricamente perjudicial reelección.” estallen presiones sobre ese órgano fundamental, como editorializó el primero el sábado. Y El lunes se refirió a los “riesgos para la democracia” que implican “los actos y líneas de propósito que enrarecen el panorama”.
El Listín ya había advertido el jueves “el inadmisible abuso de poder”, contra el TSE, y este martes se asoció al pronunciamiento del Arzobispo Ozoria con el título editorial “La Dictadura no puede pasar”, invitando a toda la sociedad a rechazar intentos que debiliten cualquiera de los poderes del Estado. El Día y Diario Libre también han manifestado seria preocupación.
Toda la sociedad, incluidos los que aún guardan silencio, tiene que rechazar esta desmesura, más significativa por ser muy reciente la ejecutada en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se violentaron principios constitucionales, legales y reglamentarios para sustituir a jueces de la Suprema Corte sin la correspondiente evaluación, y se montó un paredón moral contra el mayor símbolo de la independencia y la transparencia judicial. Hay que dar especial seguimiento a la integridad del presidente del TSE y su esposa, la doctora Karina Concepción, fiscal subordinada de uno de los que se atrevieron a presionar al TSE.
Lo que está en juego es el Estado Democrático de Derecho que proclama la Constitución, pues el gobierno ni siquiera se ha molestado en explicar o desmentir las versiones de que cuatro ministros, incluido el Administrativo de la Presidencia, y el Procurador General llamaron al presidente del TSE, doctor Román Jáquez Liranzo, para reclamarle la anulación de una sentencia antes de ser publicada, que le quitaron la escolta militar durante tres días, que cambiaron al jefe de seguridad del edificio del tribunal, y que lo amenazaron en términos groseros.
Y todavía el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante llegó al extremo de pedir una investigación para iniciar un juicio político y destituir a los tres jueces responsables de la sentencia que anuló una convención de un partido aliado del gobierno.
La alarma por la ofensiva contra el TSE está más que justificada porque las innumerables bocinas gubernamentales, sin molestarse en leer han persistido en denostar a los jueces, la gran mayoría sin molestarse en leer la sentencia. De haberlo revisado, no estarían difundiendo que desafía un dictamen del Tribunal Constitucional sobre el mismo conflicto Porque expresamente se consigna y justifica su acatamiento, y porque la nueva anulación de la convención fue determinada por otra falencia democrática: la documentada falta de más de un centenar de asistentes para completar el quorum reglamentario en el organismo correspondiente. En última instancia, los que por encima de toda racionalidad entiendan que el dictamen anulatorio fue inconstitucional o infundado, que recurran otra vez por los canales de rigor.
Mientras tanto, hay que contener el socavamiento de la institucionalidad democrática.-