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En la oposición, el PLD buscaba la sociedad civil

 

La oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que la sociedad civil participe en los consensos para las leyes de partido y electoral y la elección de los árbitros electorales, contradice su actuación cuando no controlaba el poder, al que accedió con amparo social, llegando a modificar la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).

El liderazgo social ha sido coherente, participando desde los años 90 en múltiples consultas, reclamando reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática y específicamente  independencia de los árbitros electorales y de las cortes judiciales, sin haber pretendido controlarlas.

Doble rechazo del PLD

Esta semana el PLD ratificó su rechazo a la participación de cualquier estamento de la sociedad civil en la búsqueda de consenso para las pendientes leyes de partido y del régimen electoral y para la conformación de los órganos electorales, en contradicción con lo que fue su accionar cuando no controlaba el poder del Estado.

Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión Especial del Senado que inició el procedimiento para la elección de los integrantes de la JCE, dejó claro su rechazo a la intervención de las organizaciones sociales que han pedido un pacto político-social para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

En la reunión el martes de la comisión de mediación para discutir una vez más las leyes de partido y electoral, que como tantas veces desde los años noventa encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, los delegados del PLD también rechazaron la participación allí de representantes sociales, como han solicitado instituciones como Participación Ciudadana (PC) y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.

En todos los escenarios, el presidente del Senado y secretario general peledeista, Reinaldo Pared, y sus voceros en las cámaras legislativas, han rechazado cualquier participación social, invocando que es a ellos a quienes la Constitución faculta para legislar y conformar la JCE y la Cámara de Cuentas.

Las organizaciones sociales no pretenden sustituir a los legisladores, pero reclaman el derecho a promover consensos sobre el perfil que deben reunir los árbitros, especialmente “que no sean representantes de los partidos”, como se estableció en el Pacto por la Democracia que el PLD propuso en 1994, junto a organizaciones sociales, antes de llegar al poder. Entonces apoyó la observación electoral y el conteo rápido de PC.

Proponen foro tripartito

El rechazo del PLD a la participación de la sociedad civil ha sido tan tenaz que a ningún líder social se le ha ocurrido ahora reclamar derecho a señalar candidaturas como en 1997 cuando ese partido y el presidente Leonel Fernández lo acogieron y auspiciaron para elegir la Suprema Corte de Justicia en 1997, cuando el PLD era minoría en el Congreso, o para elegir la JCE que encabezó el doctor César Estrella Sahdalá en 1994.

El martes  el Partido Revolucionario Moderno (PRM) representado por su presidente y su secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, solicitó la conformación de un foro tripartito, con delegados de los partidos en el gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Sólo lograron la conformación de dos bloques de 8 miembros, gobierno y oposición. El PLD estuvo representado por Reinaldo Pared y el exvicepresidente de la nación Rafael Alburquerque.

Andrés Bautista adelantó que van a insistir en la participación de la sociedad civil, en un diálogo tripartito “como se hizo en los años noventa”, comenzando mañana lunes con una rueda de prensa. Aseguró que establecerán un mecanismo rotativo para que todos los partidos de oposición que concurrieron a las últimas elecciones, y actúan en coordinación desde entonces, puedan participar en la búsqueda de un consenso político-social.

El PRM ha coincidido con la sociedad civil en que se deben elegir personalidades con independencia de los partidos para integrar tanto la JCE como la Cámara de Cuentas y posteriormente los titulares de las altas cortes, comenzando por los del Tribunal Superior Electoral cuyo período venció el 16 de agosto pasado. Y ha sostenido, junto al PRSC y el resto de la oposición, que no aceptará cuota partidaria en esos organismos.

 Leonel acorraló la JCE

En septiembre de1998, cuando el Senado controlado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) eligió una JCE sin consenso con los demás partidos, tanto el PLD como el Partido Reformista procuraron la mediación de Agripino Núñez, de empresarios y directores de medios de comunicación, con respaldo de PC, la Finjus y otras entidades sociales para revocar la entonces también “soberana decisión” de los facultados por la Constitución para elegir.

La crisis política, que ya había comenzado cuando el gobierno del PLD se impuso, hasta con vuelos rasantes de helicópteros militares, en la elección del secretario general de la Liga Municipal, donde los perredeístas eran mayoría, llegó al grado de que los reformistas y Vincho Castillo elevaron una petición de embargo a las cuentas de la JCE.

Aunque esa instancia carecía de valor jurídico ya que la Ley Electoral definía a la JCE como “una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable”, el presidente Leonel Fernández dispuso la retención de los fondos presupuestarios del organismo, hasta que un tribunal dictaminara sobre la instancia.

La confrontación duró hasta mayo de 1999. La sociedad civil apoyó el reclamo de consenso del PLD y el PRSC, aunque ninguno de los cinco jueces elegidos, encabezados por Manuel Ramón Morel Cerda, eran dirigentes del PRD, y la crisis se saldó con la mediación social, ampliando a siete los integrantes de la JCE para incorporar a Roberto Rodríguez Estrella y Julio César Castaños Guzmán, propuestos por el PLD y el PRSC. Los otros cuatro eran Ana Teresa Pérez, Luis Ramón Cordero, Luis Arias y Salvador Ramos.

Comisión de Seguimiento

Con el PRD controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo, y más aún cuando el presidente Hipólito Mejía (2000-04) impuso una reforma constitucional para poder buscar la reelección, la mediación de la sociedad civil fue una constante en la JCE. Para los comicios del 2000, Participación Ciudadana, con apoyo de otras entidades, demandó una auditoría al nuevo padrón electoral que conformó el tribunal. El PLD y los demás de la oposición apoyaron, y la organización cívica, con respaldo técnico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, realizó la auditoría en medio de tensiones, pero el padrón resultó inobjetable.

Con el PRD en el poder,  a instancias del PLD y el PRSC se creó una Comisión de Seguimiento a las labores de la JCE, integrada, además de Agripino Núñez, por los dirigentes empresariales Elena Viyella de Paliza, entonces presidenta del CONEP, Celso Marranzini y Rafael Perelló, así como los profesionales Radhamés Mejía, José J. Puello y Marisol Vicens y el reverendo Reinaldo Franco Aquino.

Con todos esos mediadores y el empuje del PLD-PRSC, se propició una reforma electoral, con la Ley 02-03 aprobada por el Congreso con mayoría perredeísta, y promulgada en enero del 2003, dividiendo las funciones de la JCE en dos cámaras, administrativa y contenciosa, y se elevó a 9 los integrantes del pleno. Morel Cerda, un abogado honorable de toda la vida, se cansó de las objeciones y renunció, por lo que se eligió a tres nuevos titulares: Ramón Hernández, José Luis Tavares, y Roberto Rosario. Este sería el primer titular de la JCE llegado desde el organismo ejecutivo de un partido, pues era miembro del Comité Central del PLD.

Extremos en la JCE

A pesar de las ampliaciones de la JCE, la desconfianza por el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía llegó a extremos, cuando la Comisión de Seguimiento impuso directores de Informática y del Registro Civil de la JCE, bajo amenaza de retirarse. Y para colmo en vísperas de las elecciones, adicionaron a la misma al embajador de Estados Unidos, Hans Hertel, y al de la Unión Europea Miguel Amado.

Todos ellos fueron llevados precipitadamente a la JCE la noche de la elección, el 16 de mayo del 2004, bajo la falsa información difundida por los voceros del PLD de que el coronel Pepe Goico, de la seguridad del presidente Mejía, había comenzado a robarse las urnas electorales en Los Alcarrizos y que no dejaban salir  las de arroyo Hondo. Por el PLD eran miembros de la Comisión de Seguimiento Reinaldo Pared, Franklin Almeida y Radhamés Jiménez.  Todo el país vio por televisión el enérgico discurso de Monseñor Agripino Núñez, demandando un respeto a la voluntad popular que nunca estuvo en juego. A las 11 de la noche Hipólito Mejía admitió el triunfo de Leonel Fernández y se convirtió en el único presidente dominicano derrotado, hasta ahora, en un intento reeleccionista. Luis Arias,  quien presidió esa JCE y luego sería designado embajador por el presidente Leonel Fernández, fue un aliado eficiente  de PC en la observación electoral.

El PLD agradeció la observación electoral de Participación Ciudadana y decenas de organizaciones aliadas, que por segunda vez habían registrado su ascenso al poder, en su conteo electoral rápido por muestreo, antes que la JCE llegara al tercio del escrutinio.

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