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En quien creer

En quien creer
Marisol Vicens Bello

En nuestro país muchos se han acostumbrado a que las leyes sean discrecionalmente aplicadas según las conveniencias o de quien se trate, a que los plazos no se cumplan y siempre haya la posibilidad de prórrogas, a que las mentiras sean proclamadas con la misma grandilocuencia que las verdades, a que todo se pueda acomodar a los intereses incluyendo la Constitución y las leyes, y a que para muchos nada tenga consecuencias.

Todo esto ha creado un nocivo clima de desconfianza e inseguridad jurídica que erosiona la credibilidad de las autoridades y de las instituciones, y que afecta casi todas las actividades y relaciones.  Por eso el valor de la palabra es magro y no importa de cual documento se trate, para ser aceptado como válido requiere de más legalizaciones, sellos y certificaciones que en cualquier parte y aun así abundan los escándalos de documentos adulterados expedidos por instituciones oficiales o de firmas falsificadas incluso por abogados y que fueron legalizados por notarios.

Esta falta de credibilidad y de confianza se refleja en nuestros partidos, cuyos niveles de confianza han estado bajando en forma continua, lo que sin lugar a duda está vinculado al hecho de que un altísimo porcentaje de un 87 % de la población considera que la mitad, más de la mitad o todos los políticos están involucrados en actos de corrupción; según los datos de la encuesta de Latinobarómetro 2019.

Ese declive de la confianza en los partidos es atribuible en gran parte a los gobiernos del PLD, pues, aunque lograron aumentar la confianza de la población post crisis bancaria de 21.5% en el 2004 a 35.2% en el 2006, desde el 2008 el nivel de confianza no ha hecho más que bajar hasta caer a 28.4 en 2019.

Y no es casualidad que sea precisamente a partir de 2010 que el porcentaje de confianza en los partidos haya iniciado un continuo descenso, pues en mayo de 2009 se firmó el tristemente célebre pacto de las corbatas azules entre los líderes del PLD y el PRD para reformar la Constitución; el cual afianzó la creencia de que todos los partidos son iguales y  fue la génesis de un debilitamiento en nuestro sistema de justicia y nuestra democracia, así como de los problemas internos en ambos partidos cuyas consecuencias son de todos conocidas.

Aunque la aprobación de la Ley 33-18 de partidos y agrupaciones políticas debió haber significado una genuina búsqueda de fortalecer los partidos  y de restaurar parte de la confianza perdida en estos, en su corta vigencia los hechos han demostrado que se aprobó más para buscar una forma de resolver la elección del candidato presidencial del partido oficial mediante la celebración de primarias, que con la real intención de realizar las profundas transformaciones que requiere el quehacer político.

La obsesiva búsqueda por imponer una reforma a la Constitución para eliminar la prohibición a repostularse a un tercer mandato del presidente derivó en la escisión del partido oficial, lo que aunado al desperado intento de  habilitarlo para un futuro mandato so pretexto de la imperiosa necesidad de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, deterioró aún más la credibilidad de muchos líderes políticos, pues ni caeremos en el abismo porque un caudillo no pueda eternizarse en el poder, ni habrá un caos porque celebremos elecciones municipales separadamente.

En medio de tanta desconfianza en los partidos, las instituciones y los políticos, así como de tan alta percepción de corrupción, generar confianza y poder exhibir una trayectoria limpia y un discurso apegado a la verdad, sumará adhesiones y generará esperanzas.  Por eso en este proceso electoral en el que han abundado las sorpresas y se han caído muchas apuestas, nuestro liderazgo debe entender que más allá del derroche de recursos, del clientelismo, de los intereses particulares, de los sucios cambalaches y de los oscuros acuerdos, gran parte de la sociedad está simplemente buscando en quien creer y confiar.

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