Probablemente nada haya impactado más en los últimos tiempos que los celulares inteligentes, pues no solo han permitido que a través de las redes sociales el mundo esté a la vista de todos, sino que han borrado distancias y democratizado la comunicación, de forma tal que lo que ocurre en cualquier parte del mundo es conocido casi instantáneamente en todas partes.
Los políticos tienen una especie de odio amor con las redes sociales, pues por una parte se han convertido en el mejor aliado para difundir sin grandes costos sus obras, actividades y proyectos, en tiempos en que los medios de comunicación tradicionales llegan cada vez a menos personas; pero por la otra son el mayor dolor de cabeza, pues cualquier cosa se puede hacer pública, justificada o injustificadamente, pudiendo convertirse en viral.
Y esos fenómenos virales son actualmente el mayor músculo ciudadano en sociedades como la nuestra, en que los contrapesos y los mecanismos de participación ciudadana son meras reglas carentes de efectividad.
Algo similar ha sucedido con las cámaras de videos, que colocadas en calles, parqueos, edificios, se han convertido en instrumentos clave para las investigaciones de hechos delictivos, las que deberían convertirse en una de las principales herramientas para mejorar la seguridad ciudadana, si el Estado hiciera un uso planificado, coordinado y eficiente de estas; no solo para dejar grabados hechos y agresiones que puedan facilitar investigaciones o multas por infracciones como las de tránsito, sino para prevenir la comisión de los mismos, pues se ha demostrado que la conducta humana varía al saberse objeto del escrutinio público.
Por eso hay actividades que no deben ser realizadas a puertas cerradas y que deben ser objeto de la atención pública, como acaba de ser demostrado con la reciente sesión de entrevistas a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) objeto de evaluación de desempeño, realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entrevistas que fueron secretas en la primera fallida evaluación efectuada en diciembre de 2011 y que hubiesen seguido siéndolo, de no haber sido por la presión de una parte de la sociedad.
La publicidad permitió que los hechos quedaran expuestos y el poder de las redes hizo que se difundieran de forma inusitada, evidenciándose que la presión social puede cambiar el curso de las cosas, pues esta provocó la inhibición del Procurador General de la República. Por eso sería muy conveniente que el proceso de votación también se hiciese de manera pública, como se hizo en la primera elección de jueces de la SCJ que hiciera el CNM en el 1997, lo que, aunque no fue aceptado, perfectamente podría adoptarse si la sociedad lo exige con firmeza.
Los políticos quedarán cada vez más enredados en esas redes que odian tanto como aman, y la Junta Central Electoral por más que pretenda observarlas, poco podrá hacer para controlar su curso, el cual en ocasiones la favorecerá como sucedió con las vallas promocionales, que a pesar de ser ilegales desde hace casi un año y de haberse dictado resolución ordenando su desmonte, parecería que se logrará más por la presión de la denuncia ciudadana.
La vieja expresión de que el que no quiera que una cosa se sepa que no la haga, hoy en día cobra mayor vigor, porque para bien o para mal, los celulares graban, exponen, denuncian y, el universo de las redes propaga, lo que de forma a veces no inteligente o reñida con la ley personajes públicos dicen o hacen. Las elecciones en tiempos de redes son distintas, así que se preparen los políticos, que los celulares andan sueltos.